El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina destacó las directrices de la Política Nacional Penitenciaria 2014-2024, iniciativa que prevé entregar los mecanismos y estrategias necesarias para fortalecer el proceso de inserción social de los reos y mejorar la infraestructura de las cárceles.
“En este plan se dejan plasmados 10 años de visión y acciones concretas, las cuales estaban rezagadas y en abandono político desde hace 50 años”, afirmó.
En esta línea detalló que la nueva política del sector incluye los lineamientos para orientar la administración penitenciaria e implementar la carrera penitenciaria, la construcción, remozamiento y modernización de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad interna y externa, y la atención especializada a hombres, mujeres, niñez y adolescentes en el ámbito penitenciario.
De la misma forma la iniciativa prevé entregar mejores condiciones salariales para los guardias de los centros penitenciarios, la profesionalización y acciones para reducir el hacinamiento en las cárceles a fin de dar solución a los problemas estructurales y de infraestructura de los centros de reclusión.
Por su parte el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, valoró el compromiso del Ejecutivo guatemalteco para llevar adelante este programa y de esta forma impulsar un cambio en el tema del Sistema Penitenciario, sentando los cimientos para una política más transparente, efectiva y moderna en esta materia.
“En este período del presidente Pérez Molina se instó a la sociedad civil y centros de investigación a que se convirtieran en los seguidores para el cumplimiento de esta lucha. Esta Política es la luz que sienta las bases del nuevo modelo del Sistema Penitenciario en Guatemala”, dijo.
Por último el viceministro de Gobernación, Edi Juárez, distinguió que esta Política fue elaborada por esa dependencia con el apoyo de organismos internacionales, sociedad civil y universidades, valorando los aportes de España, Reino Unido, República Dominicana, El Salvador, México y Panamá.
“En la elaboración de un año y tres meses de este plan participaron 13 expertos internacionales, 8 nacionales y organizaciones de la sociedad civil”, precisó.
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