Uribe expuso: “En ese punto de orden (del día) quiero aclarar lo siguiente: las normas internacionales prevén que si el Gobierno que procede a la expulsión, lo puede hacer, pero debe hacerlo a un destino donde estos jóvenes no corran el peligro que corren en Venezuela”, explicó el expresidente.
Adicionalmente, el Senador argumentó que si el Gobierno consideró que los muchachos incurrieron en algún delito, debieron ser juzgados en Colombia.
“Lo que ha dicho tanto el Gobierno, como lo que aquí han leído los distinguidos representantes de la Unidad Nacional, produce una reflexión: si la justificación para expulsarlos fue por delitos que cometieron en Colombia, debieron haberlos judicializado. Debió haber actuado la justicia y no entregarlos a la dictadura de Venezuela con lo cual se complace a las Farc”, agregó.
El Senador afirmó que esta “es una constancia que refleja el pensamiento del Centro Democrático (partido político de Uribe) sobre la entrega del gobierno Santos a la dictadura Maduro de los dos jóvenes venezolanos”.
Comunicado de la Cancillería de Colombia sobre la expulsión de uno de los estudiantes venezolanos
El gobierno colombiano tomó en el día de ayer la decisión de expulsar del territorio nacional al ciudadano venezolano Lorent Enrique Gómez Saleh, con fundamento en el artículo 105 del Decreto 4000 de 2004, que establece que “se podrán expulsar los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social o cuando se haya comunicado por autoridad extranjera al Estado colombiano que, en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura, por delitos comunes o se encuentre registrado en los archivos de Interpol”.
El señor Gómez Saleh entró al país el 19 de febrero de 2014 bajo un permiso PIP6 que permite adelantar actividades académicas no formales en el territorio nacional por 90 días. Dicho permiso venció el 19 de mayo pasado y no se renovó, por lo cual el ciudadano venezolano entró en condición de irregularidad frente a la legislación colombiana.
En agosto pasado se presentó ante las autoridades de Migración. Después del pago de una sanción pecunaria de $400.417 se le otorgó el 27 de agosto un salvoconducto por 10 días con el fin de regularizar su situación y obtener una visa, la cual no solicitó. Con dicho salvoconducto no podía adelantar ningún tipo de actividad.
En territorio colombiano se encontraba realizando actividades proselitistas, expresamente prohibidas por las normas migratorias de Colombia, que llegaron incluso a la agresión personal contra personajes de la vida pública nacional.
El señor Gómez Saleh tiene varios procesos en su contra en Venezuela y pesa actualmente contra él una orden de captura proferida por el gobierno venezolano.
Con antelación a la decisión de expulsión, el señor Saleh no había solicitado asilo político en Colombia.
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