El Gobierno español propone dentro de la reforma de las administraciones públicas, terminar con las duplicidades que con sus gastos ahogan la economía y, esta intención, no ha caído bien en algunas autonomías como Cataluña que ya anuncia que “combatirá jurídicamente y políticamente cualquier merma de competencias” ante el proyecto estatal de reforma de las administraciones públicas en marcha por el Gobierno español, que prevé la eliminación de organismos de la Generalitat, según ha afirmado el consejero del Govern Francesc Homs, interpretando que es una “reforma encubierta de la Constitución”.
En un artículo el periódico El País de Madrid, expresa que para el Gobierno español, “Sobran los tribunales de cuentas, las agencias de meteorología, los defensores del pueblo, las agencias de protección de datos o las 160 embajadas en el exterior que todavía mantienen las autonomías. Si se suprimiesen, el Estado se ahorraría más de 230 millones de euros sin restar un ápice de calidad al ciudadano en los servicios que se le prestan. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que bajo la batuta de la Vicepresidencia trabaja desde hace un año para “racionalizar estructuras, procedimientos y recursos” dentro de la Administración”, señala el diario madrileño.
Entre las duplicidades a eliminar el Gobierno destaca entre varias: Racionalización de los Defensores del Pueblo (y similares) de las CC.AA.; Racionalización de los Órganos de Control Externo (OCEX) de las CC.AA.; Propuesta de integración de las Oficinas en el exterior de las CC.AA. en las oficinas administrativas del Estado en el exterior; Puesta en funcionamiento de bases de datos y registros administrativos integrados para todas las Administraciones Públicas (AA.PP); Integración de oficinas de cooperación de las Comunidades Autónomas en las Oficinas Técnicas (OTC) de Cooperación de la AECID; Extinción de la Conferencia Sectorial de Cooperación para el Desarrollo, centralizando la acción de colaboración en la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo; Encomendar a las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio; Suprimir la constitución obligatoria de Tribunales Delegados para los procesos selectivos territorializados de acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia; Asunción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de las funciones de las Agencias catalana y vasca; PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO: Publicación de una Plataforma única de todas las licitaciones tanto del Sector Público Estatal como las de las comunidades Autónomas; Propuesta de generalización de la adhesión de Comunidades Autónomas a la Central de Contratación del Estado, entre otras propuestas que se pueden leer completas en la Reforma de las Administraciones Públicas.
No será fácil implementar estas reformas porque más allá de la crisis, algunas comunidades autónomas no quieren perder el manejo de su autonomía, aunque el dinero falte en sus administraciones y para las independentistas será como resignar sus postulados soberanistas.
Es mucho el dinero que se pierde en duplicidades, pero pocos están dispuestos a poner el hombro.
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