Sáenz de Santamaría ha explicado que el recurso cuenta con el preceptivo dictamen del Consejo de Estado que, en el caso del euro por receta, argumenta que las comunidades autónomas no pueden incidir directa ni indirectamente en la fijación de los precios de los productos sanitarios.
Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno considera que la imposición de un euro por receta “vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación general de la sanidad así como la legislación sobre productos farmacéuticos, grava por dos veces la adquisición de medicamentos y perjudica la igualdad de los españoles estableciendo un modelo no equitativo”.
Además, ha asegurado que la admisión a trámite del recurso implica la suspensión automática de la medida, en beneficio de los usuarios que no tendrán que seguir pagando.
La vicepresidenta ha avanzado que se seguirá la misma actuación si la Comunidad Autónoma de Madrid, con la que existen conversaciones y se espera llegar a un acuerdo, llegase a aprobar una norma de la misma naturaleza que la recurrida.
Sobre la imposición de una tasa judicial en Cataluña, el gobierno recurrirá ante el TC, porque considera que vulnera una norma que prohíbe que las CCAA puedan establecer tributos sobre servicios ya gravados por impuestos estatales.
Asuntos de actualidad
En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros de este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido sobre otros temas y preguntada sobre la propuesta de ERC a CiU para apoyar la investidura de Artur Mas, la vicepresidenta ha reiterado su invitación a la reflexión y la responsabilidad de un partido que ha perdido apoyos electorales y ahora aspira a ir “más allá” en unas pretensiones que no han contado con el apoyo mayoritario que buscaba. Ha recordado que “estos son momentos para la estabilidad y la confianza” y “este tipo de decisiones no las dan”.
A propósito del anuncio de establecer un impuesto sobre los depósitos bancarios, Sáenz de Santamaría ha explicado que existe por parte del Estado una reserva de este “hecho imponible”. La instauración de este tipo de tributo, ha añadido, tendría “que verse” también en el ámbito comunitario”.
Respecto al recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de actualización de las pensiones para 2013 aprobado por el Gobierno, la vicepresidenta ha subrayado la incoherencia de un partido que recurre ahora la subida de las pensiones públicas en un 2 ó un 1% , según los casos, y cuando fue Gobierno, las congeló. “El PSOE tendrá que explicarlo”, ha dicho.
La portavoz ha vinculado la medida de hacer públicos los datos de defraudadores fiscales y morosos a la lucha contra el fraude, porque “se trata de que Hacienda somos todos”, de modo que “el que no paga engaña” y defrauda “al conjunto de la ciudadanía”.
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