La Cámara de Representantes dio media sanción al proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. El mismo pasó al Senado, donde se dio el mismo resultado. Como se sabe, tal comportamiento legislativo es consecuencia de un acuerdo político celebrado entre la mayoría de los legisladores del Frente Amplio y un diputado del Partido Independiente.
Como se anunció y estaba previsto, el Partido Nacional votó negativamente la iniciativa en forma unánime. Todo indica que, al menos en la llamada Cámara baja, la única bancada parlamentaria cuyos miembros actuaron libremente pero de manera monolítica, coincidiendo en forma espontánea, fue la de nuestra colectividad política.
Lo hicimos sin jactancia y sin descalificar a quienes actuaron distinto, convencidos de que nuestro voto negativo, sin embargo, tenía un sentido profundamente positivo: decirle que sí a la vida, contribuyendo a su protección y promoción. Quienes defendimos esta posición entendemos que hay vida desde el momento mismo de la concepción, y que a partir de esta se desarrolla un nuevo ser de manera ininterrumpida, con un esquema genético propio y diferente del de quienes lo engendraron. En definitiva, un ser que, a pesar de las limitaciones obvias para comunicarse desde el vientre de su madre, pide que se lo deje vivir y exige que se lo ampare en su derecho a nacer.
Es la primera vez que el Parlamento sanciona una norma que termina por perjudicar al más débil, por desamparar el interés del más vulnerable, rompiendo de esa manera la mejor tradición del Uruguay. Por otra parte, tenemos la impresión, aún respetando la otra posición, de que se legisló de una forma vergonzante. A vía de ejemplo, ya el artículo primero contiene una especie de redención anticipada de lo que viene después, de lo que el proyecto termina configurando en las disposiciones subsiguientes, pues allí se reconoce el valor social de la maternidad y se aclara que la ley no constituye un instrumento de control de los nacimientos. ¿Por qué resulta necesario hacer estas precisiones, si no es por falta de una cabal convicción?
Cabe aclarar y reafirmar, dado el argumento recurrente a lo largo del debate, que la solución alcanzada no es simplemente de despenalización, sino de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que estando tipificado como delito y deja de serlo, y da lugar a una conducta permitida que se convierte en un derecho, describe una realidad que, desde el punto de vista jurídico, solo puede ser considerada como un modo de legalizar lo que hasta ese momento era ilegal.
En la misma perspectiva, se alegó que carece de sentido mantener la penalización de una conducta que, en la práctica, no conduce al procesamiento ni pone presa a mujer alguna. Sin embargo, debe advertirse que el derecho penal, más allá de castigar por determinados hechos, cumple una incuestionable función formativa, y estimula o desestimula conductas. Por lo tanto, esta es una norma que desprotege y desprotegerá la vida. Todo ello es independiente de que las mujeres pierdan su libertad, pues nadie se aproxima a la discusión de este delicado tema con esa intención. Mucho más ajeno es, todavía, de la magnitud de la sanción.
Quienes postulan la legalización del aborto dicen, por sobre todas las cosas, defender el derecho de la mujer a disponer sobre su propio cuerpo. Todas las posiciones son respetables desde el punto de vista democrático, pero, en la perspectiva de la armonización de los derechos, parece difícil entender que aquella aspiración prevalezca sobre el derecho a la vida.
Argumentan, también, que la compleja circunstancia social que vivimos se caracteriza, entre otros preocupantes aspectos, por la insuficiencia de los controles sanitarios, la reiteración cada vez mayor de embarazos no queridos y el incremento de los abortos clandestinos, en condiciones de riesgo para las mujeres y, en especial, para las de mayor debilidad socioeconómica. Sin desconocer esa realidad, creemos que concebir el aborto legal como la solución a esos males es una actitud, para empezar, profundamente equivocada. Es, además, una solución aparente, no real, y cargada de relativismo y de resignación. Algo así como tomar por el atajo, creyendo que con ello se resolverán los problemas que nos aquejan.
Las dificultades más complejas demandan, inexorablemente, respuestas que no son simples. Una madre en esa situación, cuando la misma parece desbordarla, requiere atención especial, contención y apoyo, de orden psicológico, social, profesional y, además, por cierto, de carácter material. Creer que por autorizarla a interrumpir su embarazo libremente le hacemos bien, es como pretender tapar el sol con un dedo, pues no solo no la ayudaremos a sortear su problema sino que, muy por el contrario, la orientaremos hacia una situación bastante más problemática que la anterior.
Al prosperar, en el Senado, la decisión que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, la sociedad uruguaya, sin dramatizar, ya no será igual.
Resoluciones de este tenor, sin duda, califican a las sociedades. En nuestro concepto, nos apartaremos de los principios generales de nuestro derecho interno y de los del derecho internacional. El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4, obliga a los estados a proteger la vida desde la concepción. La Constitución de la República consagra el derecho a la vida en el artículo 7, y en el 72 establece, residualmente, todos los derechos y garantías que derivan de la personalidad humana.
En atención a todo ello, pero, asimismo, a que este tema divide por mitades a los uruguayos y corta transversalmente al sistema político anunciamos, en el transcurso de la discusión parlamentaria, que junto a varios compañeros del Partido Nacional impulsaremos un recurso de referéndum si el proyecto se convierte en ley. Auguramos y auguraremos que esto no acontezca, pero si llegara a concretarse, no es justo ni sano que un paso de esta envergadura se realice a partir de la voluntad exclusiva y excluyente de una mayoría legítima, pero ajustada y circunstancial. Por lo tanto, si el escenario que no queremos se da, a muchos se nos verá recorriendo aquel camino.
Con sentido democrático y espíritu republicano, para que los orientales dirimamos nuestras diferencias. Con tolerancia y en paz, y defendiendo la vida.
Pablo Abdala
Perfil del autor:
Pablo Abdala es abogado; fue Profesor de Ciencias Políticas
y actualmente es Diputado Nacional por el Partido Nacional
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