El Congreso de Guatemala aprobó una ley para evitar el Enriquecimiento Ilícito, iniciativa que tras una década de gestiones, busca fomentar la transparencia en el manejo de fondos público y erradicar las prácticas deshonestas en entidades públicas.
La denominada “ley anti corrupción” que consta de 47 artículos, detalla la sanción de delitos relacionados con el cobro de comisiones indebidas, tráfico de influencias, nombramientos ilegales y cohecho pasivo y activo, entre otras prácticas.
“En el debate final del proyecto se rechazaron 24 enmiendas y se admitieron la propuesta de la Comisión específica presidida por el diputado Oliverio García Rodas, que establece los nuevos delitos que serán castigados con penas de cárcel cinco, diez y 14 años de prisión. En la versión original de la normativa se planteaban dos años”, específico el gobierno guatemalteco.
Ante esto trascendió que 120 diputados aprobaron la nueva normativa, que destaca además sanciones a las personas que incurran en delitos relacionados con la obstaculización o impidan la obtención de evidencias o medios de prueba al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal.
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