Argentina y el acoso a Uruguay

El Gobierno de Cristina Kirchner se ha autoproclamado en el fiscal de todo lo que ocurre en el Río de la Plata.
Pero para ser fiscal primero debe aclarar sus propias acciones que distan mucho de ser justas y equilibradas.
En el caso del dragado del canal Martín García debe aclarar la posición del exvicencanciller argentino, Roberto García, quien en el 2010 mantuvo una reunión con el exembajador Bustillo.
Bustillo dijo al Tribunal de Cuentas de Uruguay (TCR), en declaraciones que le fueron tomadas el 28 de junio pasado, que había sido invitado por García Moritán a tomar un café pero en determinado momento “la conversación tomó un giro que no me gustó”.
Según el informe del TCR, García Moritán le habría dicho que tenía buenos contactos con Riovia, que la empresa quería seguir con las obras y que “sabía por comentarios que había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada, lo que él suponía que podía suceder”. Luego le informó que a la reunión se sumaría Sergio Cetera, representante comercial de Riovia. Según Bustillo, en ese momento le expresó que no quería seguir reunido, saludó a Cetera y se retiró. Si hubo o no intento de soborno, Argentina debe esclarecer la situación.
Este Gobierno argentino es el mismo que toleró y alentó el cierre injustificado del puente internacional en Gualeguaychú, durante varios años, por un grupo de supuestos ambientalistas que protestaban por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo, que presuntamente contaminaría el río Uruguay, vía de agua que separa a los dos países.
Pero no hubo contaminación, tal cual lo demostraron los exigentes estudios ambientales a nivel internacional, Corte de La Haya incluida.
Los perjuicios económicos para los uruguayos fueron cuantiosos por el cierre del puente que imposibilitaba el paso del transporte comercial y el turismo.
Otro tema de acoso son las férreas medidas proteccionistas impuestas por Argentina a las importaciones, incluidas a los propios socios del Mercosur que desestabilizaron económicamente a Uruguay y Paraguay.
Argentina denunciada en todos los ámbitos
El último informe de Global Trade Alert (GTA), finalizado en junio pasado, denuncia que Argentina por segundo año consecutivo encabeza el ranking de países que aplican las mayores restricciones comerciales.
El estudio señala que Argentina aplicó 168 restricciones discriminatorias desde 2009 dejando en evidencia que este país lidera el ranking de las naciones que más traban el comercio internacional.
La Argentina también fue denunciada por la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las “restricciones” a las importaciones impuestas por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, bajo el argumento que provocan un “daño real” a la economía europea.
“Las restricciones argentinas a la importación violan las normas comerciales internacionales y deben eliminarse. Esas medidas provocan un daño real a las empresas de la UE y perjudican el empleo y a toda nuestra economía”, declaró el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht.

Para tapar sus problemas internos, la Argentina acosa a los países pequeños
Una auditoría en Uruguay acusa a la delegación argentina en la comisión binacional del Río de la Plata de demoras para favorecer a una empresa holandesa en el tema del dragado del canal Martín García.
El resultado de una auditoría del Tribunal de Cuentas del Uruguay en el que concluyó que hay serias dudas sobre la actuación de funcionarios argentinos y confirmó irregularidades para extender el contrato a la holandesa Riovía, que desde hace años se encarga del mantenimiento del canal fluvial Martín García.
Ante estas denuncias de presuntas irregularidades, el gobierno de Cristina Kirchner dio vuelta la situación en su propio beneficio e inició una guerra de comunicados oficiales donde señala que dejará de lados la propuesta de Riovía y que Uruguay aclare las dudas del Tribunal de Cuentas, a la vez que anunciaba que se suspendían las obras de dragado.
Uruguay respondió que las observaciones eran del Tribunal de Cuentas, un organismo interno uruguayo y que las mismas debían ser evaluadas por Uruguay y no por Argentina.
La cancillería argentina, ante esta respuesta, aprovechó para dar vuelta la realidad e ignorando que la denuncia sobre irregularidades partió de Uruguay, se transformó de acusado en acusador, y preguntó quién protegía a Riovía.
Ahora, este sábado, el gobierno argentino, a través de una carta firmada por el canciller Héctor Timerman, realizó una protesta formal a Uruguay debido a que la planta de UPM (ex Botnia) tendría una producción anual por encima del millón de toneladas, el máximo autorizado por la Corte Internacional de La Haya. Esa producción extra no sólo significaría una violación de los acuerdos bilaterales y del Estatuto del Río Uruguay, sino que estaría incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el curso fluvial. El reclamo se produce cuando aún está pendiente de resolución la controversia planteada a propósito del apartamiento de la empresa Riovía de las obras de dragado del canal Martín García, en el Río de la Plata, según informa el periódico argentino Página 12 y agrega que: ” El funcionamiento de la ex Botnia quedó, por disposición de La Haya, bajo la vigilancia permanente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), por lo que los límites a la producción de la planta no pueden ser modificados de manera unilateral, ni por decisión de la empresa ni por determinación del gobierno uruguayo”.
Mientras todo esto sucede, el gobierno argentino está convulsionado por las denuncias de corrupción dentro de sus filas, según informó la prensa de ese país: “El vicepresidente, Amado Boudou, fue acusado por el fiscal federal Jorge Di Lello de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y encubrimiento y lavado de activos, los que habría cometido cuando era ministro de Economía, en una causa independiente de la ex Ciccone Calcográfica en la que está acusado de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El titular de la Hacienda argentina, Ricardo Echegaray, será investigado a petición de un fiscal por presuntas irregularidades en el trato a una empresa vinculada con un caso de corrupción en el que también se investigó al vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, según medios locales.
Mientras, sigue sin aclararse el caso de la maleta con 800 mil dólares, descubiertos en el aeropuerto de Ezeiza, que venían de Venezuela, presuntamente enviados por Hugo Chávez para financiar la campaña política de Cristina Kirchner.
Como todas las historias entre grandes y pequeños, alguien deberá pagar los platos rotos del grande y el pequeño más cercano a la Argentina, es Uruguay, el elegido para pegarle.
R.C.
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