No eximen de declarar a la esposa y el hijo de Lula por compra de finca con fondos ilegales

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Foto Agencia Brasil
Foto Agencia Brasil
El comisario de la Policía Federal (PF) Márcio Anselmo, uno de los integrantes del grupo de trabajo de la Operación Autolavado que investiga el caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidió este viernes (12) mantener los testimonios del hijo y de la mujer del exmandatario, que deberán proporcionar aclaraciones sobre la propiedad de la finca Santa Bárbara, en Atibaia, interior de São Paulo.
La decisión fue tomada después de que la defensa de Fábio Luis Lula da Silva y de la exprimera dama Marisa Leticia declaró a la Policía Federal que sus clientes permanecerían en silencio durante la audiencia, que no son propietarios del inmueble y que no tienen conocimiento de la supuesta utilización de fondos ilegales para comprar la referida finca. Los abogados también invocaron el Código de Procedimiento Penal para defender que familiares no son obligados a declarar en un proceso contra el acusado.
Táctica de defensa
Al mantener el testimonio, Márcio Anselmo lamentó la táctica de defensa de los familiares del expresidente.
Este mismo viernes (12), los abogados de Lula reafirmaron que los empresarios Fernando Bittar y Jonas Suassuna son propietarios de la finca, lo que se puede comprobar al consultarse el registro de la propiedad. Según la defensa, Bittar ha entregado a los investigadores documentos que demuestran que los fondos para la compra de la propiedad son de su familia.
“No hay, por lo tanto, ninguna razón legal para involucrar a la familia de Lula en las investigaciones sobre la propiedad de ese inmueble, que pertenece a Fernando Bittar y Jonas Suassuna tal como lo demuestra la extensa documentación ya presentada a los investigadores”, dice la nota de la defensa.
Reformas en la propiedad
Según los investigadores, las reformas empezaron después que los empresarios Fernando Bittar y Jonas Suassuna compraron la propiedad y “se elaboraron los primeros diseños arquitectónicos para dar cabida a las necesidades de la familia del expresidente”. De acuerdo con la Policía Federal, la ejecución de las obras fue coordinada por un arquitecto de la empresa y “tuvo el respaldo del presidente de [la constructora] OAS, Léo Pinheiro”.
En el informe sobre el caso, los peritos mencionan las obras que se realizaron en la finca, entre las cuales se incluye una cocina que se estima habría costado US$ 80 mil. Si se suman los gastos con la compra de la finca y las reformas, el coste total ascendería a US$ 538 mil.
Un fragmento del informe dice que “hay evidencias sustanciales de que la cocina gourmet fue restaurada e instalada aproximadamente entre marzo y junio de 2014, bajo la supervisión de un arquitecto de OAS y el comando de Léo Pinheiro [expresidente de la constructora] y, de acuerdo con comunicaciones del arquitecto, bajo la orientación del expresidente Lula y de su esposa”.
Agencia Brasil