El déficit público que mantiene Costa Rica se debe, según la mandataria, a que durante mucho tiempo el Estado gasto más de lo que recibió, lo que provocó que en la actualidad, el gobierno no puede enfrentar las obligaciones sociales que amerita su administración, poniendo en riesgo los programas gubernamentales de ayudas que benefician a miles de costarricenses.
Antes este panorama, el gobierno se vio en la necesidad de pedir préstamos externos para cubrir las necesidades, lo que ha conllevado a que al día de hoy, el Estado costarricense financie con deudas más del 45 por ciento de sus gastos.
Dentro de las medidas que pretende el gobierno llevar a cabo, destacan la factura electrónica para garantizar el pago de impuesto de ventas, la eliminación de las exenciones tributarias a varios productos suntuarios y la venta de bienes inmuebles propiedad del Estado.
En la misma línea se dijo que también se contempla un nuevo proyecto de ley que permita la congelación de salarios y pensiones altas y de las dietas que se pagan a las Juntas Directivas de las instituciones públicas; la reducción de la financiación pública a los partidos políticos, entre otras.
“Estas acciones, sumadas a las que ya hemos venido realizando, representarán cerca de un 0,8 por ciento del PIB y procuran que el déficit fiscal no supere el 5 por ciento de este al final de mi administración”, aseguró la mandataria.
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