Ciudad de Guatemala,(AGN).– El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron acusados hoy por el Ministerio Público (MP) de estar implicados en otro caso de corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
La fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, explicaron en rueda de prensa que los integrantes de este “grupo criminal” se habrían beneficiado con unos 30 millones de dólares al dar en usufructo la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Además de Pérez Molina y Baldetti se involucra al magistrado de la CSJ Douglas René Charchal Ramos, contra quien se presentó una solicitud de antejuicio.
Los indicios para solicitar el retiro de la inmunidad al magistrado sería el resultado de la colaboración, en anticipo de prueba, de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti.
Aldana explicó que Monzón, quien se ha convertido en colaborador eficaz del MP, les relató que contactó al magistrado para favorecer con una resolución a la empresa TCQ para evitar el pago de una licencia de construcción a la Municipalidad de San José, en Escuintla.
El funcionamiento de la estructura fue revelado por Aldana y Velásquez luego de una serie de allanamientos y capturas.
Pérez Molina y Baldetti ya guardan prisión preventiva por otro caso, develado hace un año, de defraudación aduanera conocido como la “Línea”.
Millonarias ganancias
El MP señala al expresidente y exvicepresidenta, sindicalistas y personas particulares de conformar un grupo criminal para conceder a TCQ una porción del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y, además de las ganancias que les dejaría la operación, tenían que asegurar el blanqueo del dinero.
En este punto intervendría Jonathan Chévez, capturado esta mañana en los operativos y quien supuestamente recibió los sobornos paralelos al usufructo en cuentas de su empresa, para luego entregárselos a Pérez Molina y a Baldetti a través de la compra de autos de lujo, lanchas deportivas, casas, fincas y negocios como un salón spa.
La concesión conllevó un contrato paralelo por parte de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), empresa de la cual es filial TCQ, y el ofrecimiento de 30 millones de dólares para los “gestores nacionales”, es decir el expresidente y exvicepresidenta, lo cual debió finalizar en octubre de 2015.
En 2013 se dio un primer desembolso de 10 millones de dólares, 2 millones más en el siguiente año, de los que el 60% correspondería a los líderes de la estructura, mientras que el restante debía repartirse entre Juan Carlos Monzón y el exinterventor de la EPQ, Allan Marroquín, contra quien se giró una orden de captura internacional, según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.
Julio Rolando Sandoval y William Schwank también obtuvieron parte de ese dinero. El primero fue capturado esta mañana y el segundo tiene una orden de captura internacional.
En 20 allanamientos también fueron apresados el empresario español Juan José Suárez, director general de la TCQ; Mario Ruano San José, Julio Nolberto Esquivel Orellana y Lázaro Noé Reyes Maya.
Guillermo Lozano Bauer sería el operador de la estructura y quien influyó en Pérez Molina para designar en 2012 a Marroquín al frente de la EPQ, explicaron las fuentes.
Según las investigaciones del MP, Pérez Molina y Baldetti recibieron 4,2 millones de dólares y aclararon que no se ha logrado establecer si obtuvieron el último desembolso.
El proyecto
En 2012 Pérez Molina anunció la concesión de una parte del terreno de la EPQ para mejorar sus instalaciones, promover la competitividad y aumentar la capacidad de desembarque en la costa del Pacífico.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) declaró el contrato como lesivo e ilegal. El vicepresidente Jafeth Cabrera dijo este viernes que esa concesión se encuentra en litigio porque la empresa exige una indemnización y esperarán que la resolución sea a favor del Estado de Guatemala.
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