La declaración de Álvaro Uribe:
En la reunión que me permitieron hoy con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, expuse temas relacionados con los siguientes puntos:
1. Las condenas políticas a funcionarios de mi Gobierno, a integrantes de las Fuerzas Armadas y a activistas políticos, por sesgos en sectores de la justicia;
2. La instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Todo a partir del precedente nefasto del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusarme. Con la anotación que muchos de esos testigos, criminales notorios, fueron llevados por mi Gobierno a la cárcel o extraditados. Y varios de ellos que, estando clandestinos en el extranjero, sus testimonios han sido validados. O también el supuesto ‘hacker’, que trabajó en asesorías políticas al actual Presidente y es falso testigo contra integrantes de nuestro partido y contra mi persona;
3. Las acusaciones en mi contra de fiscales y jueces, Pinilla Cogollo por ejemplo, que hizo parte de grupo guerrillero, llegó incluso a anticipar el asesinato de los magistrados en 1985 por el narcoterrorismo, y hoy se dedica a acusarme;
4. Grabaciones en la Corte Suprema, que he conocido por publicaciones, unas hace algunos años por El Espectador y otras recientemente en diferentes medios, con magistrados debidamente identificados, pidiendo golpe de estado en mi contra u ordenando condenas a mis compañeros por razones políticas. Grabaciones ciertas pero que se realizaron de manera ilegal, ordenadas por delincuentes, de cuya autoría infamemente acusan a mi Gobierno;
5. La falta de garantías procesales como la segunda instancia con falladores independientes;
6. La impunidad abierta y también disfrazada de los acuerdos de La Habana; abierta en casos de narcotráfico, asesinato y secuestro de integrantes de las Fuerzas Armadas, que el Gobierno aceptó como delitos políticos, y disfrazada en masacres y otras atrocidades, que aparentemente serán investigadas y juzgadas pero que, al ser reconocidas por el terrorismo, sus autores no irán a la cárcel y gozarán del premio de elegibilidad política, que ya conocemos, será con proselitismo armado. Impunidad que, además de violar el orden jurídico nacional e internacional, creará más violencia como se siente en el país. Impunidad por prevalencia de lo político sobre jurídico: en efecto, juristas que en su momento, y con razón, estimaron que 8 años de cárcel era muy poco para los paramilitares, hoy afirman, sin razón, que integrantes de las Farc, incursos en masacres de igual gravedad, no deben ir a la cárcel.
Álvaro Uribe Vélez
Washington, DC, 25 de febrero de 2016.
Opinión
