La investigación es coordinada por el Departamento de Protección y Defensa al Consumidor, vinculado a la Secretaría Nacional del Consumidor, que ya ha encontrado indicios de violaciones de las normas de protección al consumidor, como falta al deber de información, incumplimiento de oferta y publicidad engañosa a lo largo de los años. Según el ministerio, una vez que las empresas sean notificadas, tendrán diez días para presentar su defensa. Si condenadas, podrán recibir multas de más de US$ 2 millones.
Contactada por Agência Brasil, Claro informó que no fue notificada por el Departamento de Protección y Defensa al Consumidor. “Solo tras recibir y analizar la notificación podremos emitir un parecer y tomar las medidas adecuadas”. Oi afirmó que no tuvo acceso a los documentos que forman parte del proceso iniciado por el órgano gubernamental. Telefônica Vivo informó que cumple con las normas vigentes, respeta la ley y los contratos con sus clientes, y que actúa de esa manera en el caso del bloqueo de Internet. “La empresa siempre actúa de forma transparente con sus clientes y los mantiene informados, por adelantado, acerca de todas las medidas que puedan afectarlos”, informó Vivo, en un comunicado. TIM todavía no se ha pronunciado al respecto.