
Las medidas son parte de un esfuerzo para reducir costos y racionalizar los gastos federales. El ministerio informó que va a autorizar la alienación, en 2016, de 119 propiedades, valoradas en US$ 143,7 millones. También está previsto vender bienes raíces que no interesan al servicio público en el Distrito Federal, así como 30 terrenos con valor estimado en US$ 178,6 millones. Asimismo, se venderán 530 apartamentos y casas destinados a empleados del gobierno, con los que se pretende recaudar US$ 164,6 millones.
Según el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, las medidas proporcionarán ingresos “sustanciales” para el gobierno en un momento de reestructuración fiscal.
“Así se mejora la gestión pública y la utilización de propiedades y terrenos urbanos. Además, hay un nuevo sistema de reforma y construcción de inmuebles públicos a través de contrato de alquiler a largo plazo, que se asemeja a una asociación público-privada”, dijo.









