El 24 de julio de 2015, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al empresario venezolano Fray Roa Contreras, un día después de que él criticara políticas económicas del gobierno durante una entrevista televisiva realizada por CNN. Contreras continúa detenido y enfrenta un proceso penal en el cual se lo acusa de presuntamente difundir información falsa que “cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra”, según la prensa.
“El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre”.
Human Rights Watch documentó 31 casos en la capital, Caracas, y en 4 estados – Aragua, Carabobo, Lara y Zulia – de personas que enfrentan cargos penales, o fueron amenazadas con ser investigadas penalmente, por haber criticado públicamente al gobierno. Entre estos casos se incluyen 22 personas vinculadas con medios de comunicación venezolanos que difundieron información sobre la supuesta vinculación de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, con un cartel de narcotráfico. El SEBIN detuvo e interrogó a otras 6 personas, de las cuales 5 están sujetas a procesos penales por sus declaraciones. Con relación a las tres personas restantes, en dos casos las autoridades abrieron una investigación penal en su contra y amenazaron con perseguir penalmente a la tercera.
Entre los casos documentados por Human Rights Watch se incluyen el caso de un médico que fue detenido por agentes de inteligencia y amenazado con la posibilidad de un proceso penal por cuestionar en televisión la escasez de medicamentos; el de un ingeniero que fue detenido luego de que un periódico local publicara declaraciones suyas, en las cuales criticaba políticas gubernamentales que regulan el acceso al suministro eléctrico; y el de una clarividente que había sido diagnosticada con trastornos psicológicos, que fue detenida y procesada por haber anunciado a través de Twitter, entre otras cosas, que “morirá la dictadura en Venezuela”.
En 2005, el predecesor del Presidente Maduro, Hugo Chávez, y sus partidarios en la Asamblea Nacional ampliaron el alcance de normas que castigan expresiones que se considera que agravian a funcionarios públicos y establecieron penas draconianas para casos de difamación. Actualmente, el Código Penal prevé penas de prisión de hasta cinco años para todo aquel que cause “pánico” o “zozobra” en la población difundiendo “información falsa”. También sanciona con penas de hasta cuatro años de prisión a quienes publiquen información que “hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, [o que sea] ofensivo a su honor o reputación”.
La ausencia de un poder judicial independiente en Venezuela agrava considerablemente la amenaza que estas leyes representan para la libertad de expresión, indicó Human Rights Watch. El poder judicial venezolano ha dejado en gran medida de actuar como un poder independiente de gobierno, desde que en 2004 el Presidente Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia.
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