El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, sostuvo en el programa Cada Mañana que se difunde por radio Mitre que “el derecho a réplica yo lo pedí porque me parece que están transfiriendo a la opinión pública una información mentirosa que no se condice con la realidad y que o bien tiene algún sesgo de intencionalidad u obedece a una falta total de conocimiento”.
Se quejó de que se quiere generar “miedo” con las atribuciones de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero ratificó que “no saldrá a cazar a los -arbolitos- o entrar a las cuevas” donde se venden dólares en forma ilegal.
“No podemos cumplir funciones relativas a actividad criminal. No somos los que vamos a investigar. Vamos a realizar la búsqueda de información, como un observatorio” en cuanto a eventuales corridas cambiarias o denominados -golpes de mercado-, sostuvo Parrilli.
En declaraciones a radio Mitre, el funcionario subrayó que “la directiva de la Presidenta es transferir a la gente que en la nueva Agencia de Inteligencia estamos para cuidar a los argentinos y no para espiarlos”.
El Gobierno publicó hace 48 horas en el Boletín Oficial la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional a través del decreto 1311/15, que está acompañado de un anexo de 408 páginas y lleva la firma de la presiente Cristina Kirchner.
Según se desprende de la nueva doctrina, la Agencia buscará prevenir “corridas y golpes de mercado” de bancos y empresas así como también “desabastecimientos” de productos de consumo masivo, lo que no indica que apunten a personas particulares.
La normativa tipifica como “atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” las “corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado” y crea una dirección para estos delitos.
Esta nueva regulación generó gran inquietud en el mercado y la crítica de algunos actores de la oposición, que salieron a cuestionar el espionaje sobre aquellos que compren dólares.
En este sentido, Parrilli insistió en que no se va a realizar espionaje contra los ciudadanos y aclaró que todas las intervenciones telefónicas fueron transferidas a la Procuración General de la Nación, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, pero comandado por Alejandra Gils Carbó, promovida en ese cargo por el kirchnerismo.
Fuente: Sala de Prensa (Argentina)
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