En base a las pruebas reunidas en el marco de la investigación, la fiscalía informó este miércoles sobre la imputación contra el destituido comandante, Francisco Pastor Alvarenga Nuñez, su hijo Francisco Alvarenga Rotela y el exdirector administrativo de la Policía Nacional, Carlos Joel Jara Adorno, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza en calidad de coautores y por la supuesta comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice.
El acta de imputación señala que existen indicios de “una relación o vinculo aparentemente profundo” entre el destituido comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, su hijo, y el suboficial Roberto Osorio en el caso de las irregularidades detectadas con cupos de combustibles que habría ocasionado perjuicio patrimonial de más de 1.000 millones de guaraníes.
El fiscal Federico Espinoza explicó que esta decisión se tomó luego de descubrir que dos vehículos que supuestamente pertenecían al suboficial Osorio, al menos uno de ellos es en realidad de propiedad del hijo del destituido comandante.
Además se descubrió que el suboficial Osorio pagaba por el espacio que ocupaba el automóvil del hijo de Alvarenga en un estacionamiento en el centro de Asunción.
“De acuerdo a las evidencias colectados del lugar, sostenemos la tesis de que esos vehículos fueron ocultados por el suboficial Osorio en esa estacionamiento y pagado por el mismo. Entonces tenemos la fuerte sospecha que el señor Francisco Alvarenga (hijo) es cómplice del hecho punible de enriquecimiento ilícito”.
“A raíz de la situación planteada y leyendo detenidamente por la firma Petropar y la Policía Nacional hemos llegado a la conclusión que el comandante de la Policía Nacional (destituido) tiene una vinculación directa con el hecho punible de lesión de confianza”, dijo el fiscal.
Añadió que dentro de esa línea también se encuentra el administrador de la Policía, el comisario Carlos Jara Adorno.
El fiscal general del Estado, Javier Diaz Verón, afirmó además las investigaciones en algunos casos afectará a personas que tienen un grado de responsabilidad y un cargo importante en la administración pública, como es el caso particular, pero que eso “jamás va a impedir que el Ministerio Público realice su obligación constitucional de investigar hechos punibles y por sobre todas las cosas aquellas que afectan al patrimonio público”.
Declaración del Ministerio del Interior
El ministro del Interior, Francisco de Vargas informó además que el día de ayer, al filo ya de la medianoche, se realizó una imputación contra el ahora excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, su hijo, y el exdirector administrativo de la institución.
El ministro señaló que esta es una de las pocas veces en que recae una imputación sobre un comandante de la Policía y calificó el caso del desfalco como un “hecho punible grave” que se tiene que aclarar totalmente.
El caso del desfalco se descubrió cuando el propio ministro De Vargas, en base a la información proveída por Petróleos Paraguayos (Petropar), solicitó la investigación fiscal en torno a supuestas irregularidades detectadas en el uso de tarjetas magnéticas para carga de combustible.
El escrito presentado ante la fiscalía por De Vargas indica que, en abril de 2015, “en el marco del convenio de la Policía Nacional con Petropar se habrían solicitado irregularmente la activación de 186 tarjetas magnéticas para la provisión de combustibles para vehículos de Inteligencia y Antisecuestros de la Policía Nacional, que a la fecha registran consumo total de G. 1.159 millones”.
“En algunos casos concretos, dichas tarjetas presumiblemente habrían sido utilizadas para la extracción de sumas de dinero y no para la provisión de combustible, conforme a lo previsto en el convenio de la Policía con Petropar”, añade el escrito.
Como producto de la investigación preliminar, la fiscalía imputó al suboficial Roberto Osorio por estafa, producción de documentos no auténticos y enriquecimiento ilícito y se incautó de varias pertenencias del uniformado. Otras seis personas más ya se encuentran imputadas en la presente causa.
Opinión
