Una de las principales novedades del texto es la publicación del listado de contribuyentes con deudas y sanciones pendientes de ingreso superiores al millón de euros. Montoro ha señalado que, siguiendo la recomendación planteada por el Consejo de Estado, la lista no contendrá las deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas. Se concederá a los interesados un trámite de alegaciones previo a la publicación, y el acuerdo final se podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa.
El Gobierno prevé publicar la primera relación de deudores en el cuarto trimestre de este año; incluirá a los que se encuentren en esa situación a 31 de julio de 2015.
Lucha contra el fraude fiscal
Otra medida destacada en el terreno de la lucha contra el fraude es la “norma antiabusos”, una nueva infracción tributaria que sancionará actos o negocios realizados con ánimo defraudatorio sustancialmente iguales a otros ya calificados previamente como abusivos por la Administración porque van en contra de criterios públicos. Además, la norma amplía las potestades de comprobación e investigación -el plazo para la comprobación de bases, cuotas o deducciones será de diez años-, potencia las actuaciones de los órganos de gestión tributaria y refuerza el régimen de infracciones y sanciones para combatir el contrabando.
Con el fin de incrementar la seguridad jurídica, el Proyecto de Ley fija nuevos plazos para el procedimiento de inspección: establece un periodo temporal más amplio (18 meses con carácter general y 27 meses en los supuestos de especial complejidad), pero a la vez se limitan las causas de suspensión del cómputo y se eliminan las dilaciones no imputables a la Administración. También recoge medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos, como el impulso de los medios electrónicos.
Para reducir la conflictividad en este ámbito, la norma amplía la facultad de los órganos de la Administración Tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias y se exime de responsabilidad infractora a quienes se ajusten a esos criterios.
Lista de defraudadores
De manera complementaria, el Consejo de Ministros ha abordado el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto tiene que pasar ahora el trámite del Consejo General del Poder Judicial.
Cristóbal Montoro ha indicado que el Gobierno ha seguido en este punto también la recomendación del Consejo de Estado y que se trata de dar carácter público a datos personales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública (también por insolvencia punible y contrabando cuando la Hacienda Pública resulte perjudicada). Se aplicará a las sentencias que sean firmes tras la entrada en vigor de la Ley.
El ministro ha detallado que la publicación de la sentencia no será completa, sino solo aquellos aspectos estrictamente necesarios para la difusión del fraude fiscal, para así garantizar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como la protección de datos de carácter personal.
A juicio de Montoro, con estas iniciativas el Ejecutivo cumple su compromiso de publicar la lista de morosidad y también la relativa a los defraudadores y, al mismo tiempo, actualiza los procedimientos “para mejorar la relación entre la Administración y el contribuyente”.
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