Asambleístas que integran el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana de Ecuador, coordinado por Linda Machuca presentó una propuesta para que los migrantes retornados se reincorporen a la vida laboral activa del país, además de ir adecuando la legislación ecuatoriana en función de la realidad del retorno que se vive actualmente la nación suramericana.
En este sentido se propone que se reemplace el Art. 560 del Código de Trabajo, que actualmente señala un formalismo para el trabajo de los inmigrantes en el Ecuador, por uno que desarrolle los derechos laborales de todas las personas en situación de movilidad humana.
Ante esto las autoridades abogan por “la obligación para las instituciones del sector público y las empresas del sector privado, de contratar un porcentaje mínimo de personas retornadas para desarrollar labores permanentes de acuerdo con su conocimiento, experiencia y aptitudes, procurando aplicar el principio de equidad de género, considerando también el hecho que se trata de personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria”, detalla un comunicado de prensa emitido por la Asamblea Nacional.
La medida ratifica la necesidad de luchar por los derechos de las personas en movilidad humana de los retornados en virtud del proyecto de “Ley para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo no Remunerado del Hogar” que actualmente se tramita en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, además de establecer un cronograma de trabajo a nivel nacional y local en esta área.
“El Ecuador está en deuda con los migrantes expulsados de la patria que desde lejos sostuvieron la economía de nuestro país y ahora que retornan debemos ir incluyendo opciones de reinserción laboral y aprovechamiento de capacidades en las diferentes leyes que aprobamos” declaró la asambleísta Linda Machuca con anterioridad a la reunión.
En esta línea Marco Guerrero, coordinador general de la Plataforma de Movilidad Humana, manifestó que ellos apoyan la coordinación de las entidades competentes para que se incluya un porcentaje adecuado e idóneo de personas en situación de movilidad humana, -específicamente de personas que fueron migrantes y ahora están en el país- en el campo laboral en las empresas públicas y privadas.
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