La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que es una de las reformas estructurales más importantes de esta legislatura porque favorecerá el acceso al empleo de mayor calidad y contribuirá a la lucha contra la desigualdad. Además, ha resaltado que fortalecerá la transparencia y el control contra el fraude, que en algunos casos ha estado ligado a la formación y a los fondos para el empleo.
En el mismo sentido, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que “habrá tolerancia cero contra el fraude” y que cada euro que vaya a formación se tendrá que destinar a este fin.
La ministra ha apuntado que el modelo de Formación Profesional para el Empleo vigente es un sistema “consolidado en el tiempo” que hoy utilizan 475.000 empresas. Sin embargo, a su juicio, adolece de una falta de planificación estratégica, de calidad y de transparencia. Además, existe un desajuste entre la oferta de contenidos formativos y las demandas de empleo, por lo que “estamos ante un modelo mejorable”, ha afirmado.
Nuevo modelo de formación
Fátima Báñez ha recordado que la reforma ha sido fruto de un amplio proceso de diálogo y participación y responde al Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita firmado por el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) el 29 de julio de 2014.
La ministra ha anticipado que sus objetivos son claros: favorecer la creación de empleo estable y de calidad; mejorar la competitividad empresarial; garantizar el derecho a la formación; ofrecer garantías de mejora de la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores y consolidar en el sistema productivo una cultura de la formación.
Además, la reforma pretende lograr una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos y que el sistema sea evaluable. “Queremos que la evaluación sea también una de las claves y que se incremente la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno”, ha dicho Báñez.
El nuevo modelo, ha explicado, se aplicará a todas las Administraciones Públicas y los agentes sociales seguirán teniendo un papel trascendente, sobre todo en la planificación y programación de la formación, ya que “son los que mejor conocen el tejido productivo”. “Queremos que detecten las necesidades de ese tejido con anticipación. Un país con tanta tasa de paro como la que tiene España no puede tener vacantes y se producen vacantes”, ha añadido.
Otra novedad es que se hará una planificación estratégica plurianual para que la formación sea coherente con las necesidades actuales y futuras. También se implantará una cuenta-formación asociada a cada trabajador que certificará los conocimientos recibidos durante toda su vida laboral. Se apostará por la teleformación y por la formación permanente dentro de la empresa; en especial, se impulsará en las de tamaño pequeño y mediano.
Fátima Báñez ha destacado que “hay un cambio radical” en el modelo de formación de oferta o subvencionada. La gestión se realizará en régimen de concurrencia competitiva en un cien por cien, de tal manera que “los centros accederán a las convocatorias de formación en igualdad de condiciones y será el mercado el que elija a aquellos de mayor calidad”.
En relación con los desempleados, la novedad es la implantación del cheque-formación mediante el que la persona parada elegirá el centro donde se quiera formar y la administración correspondiente pagará a esa entidad la formación directamente. La ministra ha argumentado que cuando se trate de formación subvencionada sólo se anticipará un 25% de los fondos a los centros: “Hasta ahora se podía hacer un anticipo del cien por cien y eso ha dado lugar en muchas comunidades autónomas a irregularidades que en el futuro queremos evitar”.
El proceso de evaluación será permanente para conocer el impacto de la formación. Y para evitar el fraude, se creará una unidad especial, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se elevarán las sanciones para aquellas empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos. No podrán trabajar para la administración pública en el ámbito de la formación durante cinco años.
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