El partido Solidaridad ha iniciado una campaña para reunir un millón de firmas y pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. En una conferencia de prensa, el presidente del partido, diputado Paulo Pereira da Silva, dijo que la colección se hará por internet.
Un millón es el número de firmas necesarias para proyectos de iniciativa popular y pronto lo alcance el Solidaridad presentará una solicitud de apertura del proceso a la Cámara de Diputados. Al hacerlo, el partido se basará en dictámenes jurídicos que encargó a 12 juristas de reconocido prestigio. Hasta la fecha, cuenta con el dictamen de uno solo experto.
Paulo Silva dijo que justifica la solicitud de impugnación el hecho de que la presidenta fue omisa al no tomar ninguna medida respecto al escándalo en Petrobras. “La situación es grave, la corrupción está muy extendida, miles de millones fueron robados de Petrobras. […] Y ella no tomó ninguna medida. Si no tomó, hay omisión.”
Paulo Silva informó también que intensificará la colección nacional de firmas a partir del próximo domingo (15), cuando están programadas protestas contra el gobierno en todo el país.
En el sitio web del partido, el presidente de Solidaridad contrarrestó el argumento utilizado por el gobierno de que la impugnación sería un “golpe de Estado” y de que la oposición quiere llevar a cabo una tercera vuelta de las elecciones. “La Constitución permite la destitución, por lo que Brasil ya impugnó anteriormente al entonces presidente Collor”, dijo.
El ministro de Justicia dice que no hay razón para destituir a Rousseff
Al comentar sobre las protestas contra el gobierno programadas para el domingo (15), el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo que no hay base jurídica para hablar de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. “Tuvimos una elección legítima. La democracia existe en el país. No hay motivos legales para cambiar lo que está puesto. Por lo tanto, yo diría que a cualquiera que esté o no de acuerdo [con el gobierno], que se manifieste, pero dentro de la ley, del orden y de los principios democráticos”.
Cardozo defendió la libertad de expresión, pero sostuvo que las protestas deben ocurrir con respeto a las autoridades constituidas y lejos de cualquier posición golpista. “El gobierno aboga por la tolerancia a las personas que no piensan como nosotros. Es una virtud democrática y el gobierno tiene esta tolerancia. Nos gustaría que las personas que critican al gobierno no hicieran una acción de odio. Que expresen democráticamente sus ideas y, en la medida de lo posible, busquen convergencias”, argumentó el ministro, el miércoles (11), luego de una ceremonia en el Ministerio de Justicia.
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