El Gobierno español aprueba 66 nuevas plazas de fiscales

El Consejo de Ministros de España, ha aprobado la ampliación de la plantilla fiscal en 66 plazas, de las que 50 suponen la incorporación de nuevos abogados fiscales y el resto se destinan a concursos internos para reorganizar efectivos en todas las fiscalías territoriales.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que el pasado lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmaron un acuerdo para afianzar la ​unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Este pacto incluía, ha apuntado, “la necesaria garantía de los recursos humanos y materiales necesarios para que la determinante labor de lucha contra el terrorismo que desarrollan nuestros jueces, fiscales y cuerpos de seguridad del Estado, así como las Fuerzas Armadas en las misiones en el exterior, puedan desarrollarse satisfactoriamente”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha añadido que la medida se sitúa en el contexto del Real Decreto, aprobado el 31 de octubre de 2014, por el que se crearon un total de 282 plazas de jueces y magistrados para contribuir a la lucha contra la corrupción. Además, ha señalado que la decisión implica “un reforzamiento de las capacidades de la Fiscalía General del Estado, es coherente con el compromiso de regeneración democrática y con la lucha contra el delito”.
Catalá ha manifestado que, con la ampliación acordada hoy, la plantilla de fiscales contará con un total de 2.473 efectivos, que junto con los 5.600 jueces y los más de 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia “nos dota de una capacitación profesional adecuada, cualificada y suficiente para llevar a cabo todos los compromisos de la mejora de la Justicia”.
De las 66 nuevas plazas de fiscales, cuatro son para la Fiscalía General del Estado: dos para trabajar en asuntos relacionados con la criminalidad informática y otras dos en temas de cooperación penal internacional. Además, se crean otras cuatro plazas para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada.
El ministro ha detallado que el resto se distribuirá “de manera proporcional a las necesidades en todas las fiscalías territoriales”, con el fin de vertebrar las capacidades de la Fiscalía General del Estado en el conjunto del territorio de manera coordinada.
La incorporación de los 50 nuevos abogados fiscales está prevista para el próximo mes de junio, según ha avanzado el ministro, y la creación de estas plazas tendrá un coste aproximado de 5 millones de euros.