El consejero de la Presidencia y portavoz del Govern catalán, Francesc Homs, ha presentado este lunes la primera de las acciones- que considera legales- que se reserva emprender el Ejecutivo de Cataluña “ante el evidente abuso de derecho y de poder” del Gobierno central, después de que haya impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC) las actuaciones de la Generalitat relativas a la convocatoria a los catalanes y residentes en Cataluña, para que manifiesten su opinión sobre el futuro político catalán en el proceso participativo del próximo 9 de noviembre.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, Homs ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat han presentado este lunes en el Tribunal Constitucional un escrito de alegaciones en el que le solicitan que no admita el recurso del Gobierno contra el 9N, en base a dos consideraciones fundamentales:
En primer lugar, los abogados de la Generalitat señalan que el Gobierno español considera “erróneamente” que el Ejecutivo catalán está haciendo una continuación de la consulta inicialmente convocada por el presidente Mas y suspendida por el propio Tribunal Constitucional a raíz del recurso aprobado por el Consejo de Ministros y que, por tanto, está incumpliendo la resolución del TC.
Teniendo en cuenta esto, el escrito remarca en segundo lugar que el Gobierno debería haber presentado un “incidente de ejecución” para pedir explicaciones a la Generalitat sobre este supuesto incumplimiento de la suspensión de la consulta y no un recurso nuevo contra el 9N, según recoge la propia ley orgánica del TC. Cabe recordar que, presentando un nuevo recurso, el Gobierno obliga al Tribunal a suspender automáticamente el proceso participativo.
Según ha denunciado el consejero, con esta actitud el Gobierno demuestra que está utilizando una “atajo” para “saltarse la lógica del derecho” y “forzar así la suspensión automática” del 9N, en “un claro abuso de las prerrogativas” de que dispone el Ejecutivo central.
Homs ha añadido que este abuso “aún toma más fuerza” en la medida que “la suspensión quiere afectar un proceso participativo que tiene como objetivo facilitar la libertad ideológica y la libertad de expresión de los ciudadanos de Cataluña”.
Además, ha explicado el consejero, el escrito de alegaciones subraya que la impugnación y suspensión del proceso participativo no es sólo “imposible de tramitar en caso de que prosperara” sino que implica “una ruptura de las reglas de la buena fe que de acuerdo con la ley del poder judicial debe presidir todo ordenamiento jurisdiccional “y esta ruptura se convierte en” un uso abusivo y desproporcionado del derecho”.
Preguntado por los periodistas, el consejero y portavoz ha esperado que esta sea la única acción que deba emprender el Gobierno para defender el proceso participativo del 9N y se mostró “convencido” de que este próximo domingo “se hará lo previsto”.
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