En el marco del 153 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, y el Relator sobre los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos de la CIDH, Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, celebraron una reunión de trabajo en la cual reiteraron su compromiso de continuar profundizando los lazos de cooperación entre el sistema universal de derechos humanos y el sistema interamericano para proteger mejor a las defensoras y defensores de derechos humanos a través de acciones conjuntas.
Asimismo, en dicha reunión ambos Relatores mostraron preocupación por la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región, y la falta de adopción de medidas efectivas de protección por parte de los Estados a defensoras y defensores que se encuentran en situaciones de grave riesgo. También resaltaron la existencia de represalias a las defensoras y los defensores por sus actividades de denuncia ante el sistema interamericano y de las Naciones Unidas.
Al respecto, ambos Relatores subrayaron que en virtud del artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
COFAVIC presentó balance de DDHH en Venezuela año 2014
El Comité de familiares de víctimas (COFAVIC) presentó un balance de la situación de Derechos Humanos en Venezuela en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En audiencia, COFAVIC expuso cifras del contexto general de violencia en Venezuela, a través de un monitoreo de violaciones a los derechos humanos, realizado en 23 estados del país entre enero y septiembre de 2014. Adicionalmente, presentó una documentación de casos de alegadas torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes registrados en el marco de las manifestaciones, ocurridas entre febrero y mayo de 2014.
En cuanto al monitoreo sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, realizado por COFAVIC entre enero y septiembre de 2014, se registraron 892 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de los cuales 823 son presuntas violaciones del derecho a la vida; en comparación con 669 casos registrados en el mismo período de 2013. Dentro de los cuerpos policiales mayormente señalados por estas presuntas violaciones se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). El 75% de las víctimas son menores de 25 años y en 98% de los casos de género masculino. Jóvenes que habitan en barriadas son los principales afectados por los abusos policiales, así como por las acciones de grupos parapoliciales.
De igual forma, COFAVIC presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe Venezuela: sentencias de silencio, en el que se documentaron 110 casos de alegadas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, presuntamente ocurridos en Venezuela, durante las manifestaciones de febrero-mayo de 2014.
A través de estos 110 testimonios, recopilados en los estados Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Zulia, Táchira y Barinas, COFAVIC pudo determinar patrones de actuación presuntamente utilizados en el control de las manifestaciones registradas entre febrero y mayo de 2014 en Venezuela.
De estos 110 casos, se registraron 54 casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en personas que estuvieron detenidas, durante las manifestaciones; 36 casos de personas que no estuvieron privados de libertad y 20 casos de personas víctimas de hostigamiento en sus residencias. En todos estos casos, 46% de las víctimas son menores de 25 años de edad.
Dentro de los patrones destacan los siguientes: presunto uso indebido e indiscriminado de perdigones, gases lacrimógenos y cañones de agua a presión, a corta distancia de las personas o en espacios cerrados o residenciales; detenciones ilegítimas, sin órdenes judiciales de aprehensión y sin cumplir con requisitos para determinar flagrancia en la comisión de un delito; así como la presunta consumación de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por organismos de seguridad del Estado al momento de la detención, durante el traslado y en el mismo centro de reclusión.
En la mayoría de los casos de detenciones existió presuntamente una omisión del deber de informar sobre las razones de la detención, así como la negación del derecho del detenido a comunicarse con sus familiares. Asimismo, las personas detenidas y sus abogados no contaron con el tiempo necesario, ni con el espacio físico adecuado para el ejercicio apropiado del derecho a la defensa.
En cuanto, a la afectación de mujeres en estos casos documentados, COFAVIC registró que 37% de las víctimas de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de las manifestaciones son mujeres, quienes en casos de detenciones fueron víctimas de amenazas de muerte y violación sexual, así como sometidas a desnudez forzada; además de ser recluidas en espacios reducidos, desatendiendo sus necesidades fisiológicas al negarlos materiales de aseo personal.
Opinión
