Celac aboga por políticas intrarregionales de protección a migrantes, especialmente para menores

Azogues, Ecuador, (Andes).- Delegados de varios países que participan en esta ciudad ecuatoriana de la III Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) abogaron este miércoles por impulsar políticas intrarregionales que permitan proteger a los migrantes, en particular a los menores que emigran sin compañía de adultos, un fenómeno creciente en el continente.
Los debates iniciaron a puertas cerradas y concluirán el jueves en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) en Azogues, capital de la provincia de Cañar, una de las más azotadas en Ecuador por la emigración junto a Azuay y Loja. En esa ciudad andina al sur de Ecuador se abordarán los avances y perspectivas en este asunto entre la Celac y la Unión Europea.
La cita fue inaugurada por María Landázuri, viceministra de Movilidad Humana, dependencia de la Cancillería ecuatoriana, quien resaltó la importancia del foro en el que se busca compartir experiencias y debatir, entre otras cosas, “formas de migración seguras”.
Delegados de Guatemala y Ecuador hicieron énfasis en el fenómeno creciente en esos país de niños que abandonan cada año sus hogares en condiciones difíciles y arriesgan sus vidas para reunirse con sus padres y familiares radicados en el exterior, en una cifra que a nivel regional supera los 57.000 en el último año.
En declaraciones a la agencia Andes, Pedro Osvaldo Hernández, jefe del departamento de Planificación de Política Consular de Chile, afirmó que la región debe concertar políticas en cuanto a la movilidad humana, con sus enfoques y sus facetas, considerando que de los 250 millones de migrantes que se reportan anualmente en el mundo, al menos unos 50 millones son latinoamericanos.
“Ya en Honduras y Costa Rica (en las dos reuniones sobre este temática) habíamos tomado algunos acuerdos, como el tema de derechos humanos, el de la asistencia consular y la necesidad de tener un enfoque común, sobre todo en los foros multilaterales”, indicó.
En el caso chileno, dijo, se ha convertido de un país expulsor a uno receptor, con 400.000 emigrantes, el 3% por ciento de población total. Sin embargo, reconoció que la normativa en este ámbito es bastante obsoleta, lo que se convierte en un punto pendiente para poder avanzar en esta materia.
Recordó que América Latina sostiene que la emigración es un derecho humano, pero el tema ha sido utilizado en no pocos casos como método de presión política contra países. En la actualidad ese fenómeno es económico y político, por lo que son las condiciones de pobreza la principal factor de “expulsión de personas”.
Consideró que debería regir el principio del “derecho a la no migración”. “Es decir, que la persona tenga la posibilidad de desarrollarse integralmente en su país de nacimiento y la migración sea una opción sea libre, voluntaria y no forzada, y que no sea generada por la pobreza, ni la marginalidad, y no sea el de la libertad de decidir”, señaló.
Por su parte, el director de Migración de Panamá, Javier Carrillo, expuso a Andes que su país quiere “establecer alianzas” con otras naciones de la región para intentar una solución a esta problemática y asegurar la protección a los migrantes, ya que el itsmo se ha convertido en un punto de tránsito y últimamente también de destino, básicamente, según su opinión, debido a su ubicación geográfica.
“Creo que la única manera de verlo (este asunto) es regionalmente, porque individualmente no tendremos ningún avance”; “Lo importante es buscar la dignidad del migrante, más que otra cosa”, apuntó.
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