Quito, (Andes).- De un total de 96 personas sentenciadas por el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010 (30-S), 60 fueron declaradas culpables y 36 tuvieron ratificación de inocencia, informó este martes el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
Los delitos por los que fueron investigados y sentenciadas los ciudadanos procesados, entre civiles y personal policial fueron tentativa de magnicidio, homicidio, rebelión, sedición, insubordinación.
Además, terrorismo, atentado contra la seguridad interior del Estado, paralización de servicios públicos, entre otros, enumeró el funcionario a pocos días de cumplirse cuatro años de la insubordinación policial que dejó 10 muertos y al menos 300 heridos.
El Ministerio Público tramita al momento 53 casos a escala nacional en diferentes etapas procesales por los hechos violentos que pusieron en peligro la vida del jefe de Estado. De ellos, 34 se encuentran en indagación previa, dos en instrucción fiscal, ocho en etapa intermedia, dos en juicio, tres enfrentan recursos de nulidad y apelación, mientras que cuatro se encuentran en casación (revisión de la sentencia).
La última sentencia que se conoció fue la de sobreseimiento definitivo dictado el pasado 17 de septiembre a favor del general de Policía en servicio pasivo Wilson A., procesado por el delito de sedición.
El día de la sublevación policial, Wilson A. era comandante del Tercer Distrito de Policía del Azuay y tenía a su cargo además las provincias de Cañar (austro), Morona Santiago (sur) y otras.
Según versiones de un grupo de gendarmes, ese día el exoficial convocó al personal de los servicios policiales a una reunión en el Comando para tratar la nueva Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), debido a que creían que les quitaba algunos beneficios y luego salieron en los patrulleros en caravana, transitaron por varias calles del Centro Histórico de Cuenca.
En otro proceso, para este martes fue convocada la audiencia de nulidad del auto de llamamiento a juicio en contra de 75 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y miembros de la Unidad Canina de la Policía, acusados por la paralización de los servicios del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en día de la revuelta.
Según declaraciones anteriores de Carlos Baca uno de los miembros de una comisión especial integrada para profundizar las investigaciones del 30-S, la inspectoría de Policía inició procesos en contra de unos 900 uniformados con distintas sanciones en todo el país andino.
El 30-S Ecuador sufrió la sublevación de un grupo de policías que puso en riesgo la vida del presidente de Ecuador, Rafael Correa. El mandatario fue retenido en un hospital policial por más de ocho horas y fue necesaria la intervención del Ejército para el rescate del jefe de Estado. La jornada de desestabilización que inició a primeras horas de la mañana (y a la que el oficialismo identifica como intentona golpista) dejó un saldo de 10 personas fallecidas y al menos 300 heridas entre civiles, policías y militares.
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