El último viernes (18), un tribunal de esa ciudad emitió un orden de prisión en contra de Samy por actos de violencia durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Río de Janeiro el año pasado. David Paixão –que en junio del año pasado era menor de edad, y también participó en los actos– y su novia buscaron asilo por temor a ser arrestados, según informa la agencia Brasil del gobierno.
La diputada departamental Janira Rocha acompañó a los tres manifestantes durante su estadia en el consulado uruguayo el lunes (21). Por la noche, de acuerdo con la asesoría de la parlamentaria, la cónsul Myriam Fraschini Chalar informó que la solicitud había sido negada por la Embajada de Uruguay*, en Brasilia, y que ellos deberían dejar la sede diplomática bajo el riesgo de ser arrestados por la Policía Federal.
Los tres salieron del edificio por la puerta frontal y se fueron en un conche negro con vidrios polarizados, sin hablar con los reporteros. Dos agentes de la policía civil habían intentado acceder por la tarde a la sede del consulado con una la orden de detención en contra de la abogada Eloísa Samy, pero fueron impedidos de entrar por los agentes de seguridad del consulado.
Según la denuncia de la Fiscalía de Río de Janeiro, la abogada Eloísa Samy se unió a otros activistas en el ejercicio de su profesión, “pero luego cambió su conducta y empezó a colaborar activamente en los actos violentos, llegando incluso a dar instrucciones a los manifestantes ocasionales, además de habérsele visto comandando el inicio de los actos de violencia”. Aún de acuerdo con la denuncia, la abogada brindaba apoyo logístico a los activistas y cedió su residencia para reuniones.
Otras 22 personas fueron denunciadas por la Fiscalía por su participación en actos de violencia durante las manifestaciones que tuvieron lugar en junio del año pasado, en Río de Janeiro. La Justicia ya dictó la prisión preventiva de todos los manifestantes involucrados. Cinco ya están detenidos y 18 son considerados prófugos.
Nota* Uruguay reconoce a Brasil como Estado democrático de derecho y por eso no puede conceder el asilo solicitado por los activistas.
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