“Hemos trabajado fuertemente para presentar todas las contradicciones y falacias del documento chileno (…), el canciller Choquehuanca presentará públicamente a la opinión pública internacional una respuesta caso por caso, tarifa por tarifa, ejemplo por ejemplo, del documento de Chile para demostrar que lo que dice no es cierto”, remarcó en una entrevista que brindó la noche del martes al programa La Verdad de XTO TV.
El planteamiento boliviano surge de un trabajo exhaustivo entre el equipo de juristas bolivianos delegados a la demanda marítima presentada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y los especialistas de la Dirección Marítima (Diremar).
Asimismo, aclaró que no se habló del documento debido a que aconteció la declaración de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien anunció el pasado lunes que el Gobierno chileno objetará la competencia de la Corte.
Bolivia perdió 120.000 km2 y 400 km2 de costa en la Guerra del Pacifico (1879-1882), extensión territorial que reclama a Chile desde el siglo XIX.
Mesa también aseveró que Chile tiene una estrategia en dos direcciones: pretende confundir a la opinión pública e incluso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya al afirmar “algo que no es cierto”, referido a que la base de la demanda boliviana es el cuestionamiento del Tratado de 1904.
La segunda apunta a la distorsión de la realidad indicando que Bolivia tiene un acceso al mar a partir del libre tránsito del tratado mencionado.
“Hay una cosa importante que Chile no dice, que en el derecho del mar, que es parte del derecho internacional, hay un reconocimiento de privilegios para países mediterráneos que tienen que darle sus países limítrofes con acceso al mar, en términos de facilidades de importación y exportación”, aclaró.
Agregó que el libre tránsito de Bolivia no es ninguna excepción en relación al resto de los países mediterráneos, de acuerdo a la normativa internacional.
En 1904 ambos países firmaron un tratado que fijó la frontera y en 1978 Bolivia y Chile cortaron relaciones diplomáticas. A la fecha la relación se entabla mediante las vicecancillerías.
La excepción de Chile no altera la demanda
Para el expresidente boliviano queda claro que la excepción preliminar de Chile no altera, ni suspende ni elimina la demanda boliviana, lo único que establece es prolongar en el tiempo el desarrollo del proceso judicial.
“Lo que Chile presentará el 15 de julio será un argumento a la Corte y Bolivia contra argumentará. En poquísimos casos, menos del 5 por ciento cuando se presenta el recursos de excepciones de incompetencia, la Corte acepta. El 95 por ciento de los casos la Corte los ha rechazado”, enfatizó.
Argumentó que primero la CIJ no acepta la incompetencia de su jurisdicción porque tanto Bolivia y Chile la reconocen plenamente y goza del respaldo de Naciones Unidas y porque existe la firma del tratado de Bogotá de 1948 que reconoce su jurisdicción.
“Segundo porque lo que Chile podría plantear sería una objeción a los argumentos jurídicos de Bolivia y esa es una discusión de temas de fondo y lo que se debe hacer es esperar el debate del planteamiento de la demanda boliviana”, ratificó Mesa.
“En principio, los tiempos, a partir de que Chile presente la excepción de incompetencia son de cuatro meses, tiempo en el que Bolivia presente su contra argumentación. Luego podrían pasar dos cosas: que la corte falle en ocho a 10 meses, a partir de ahora, por la excepción preliminar o que la Corte diga que se incorporará el tema en el debate general de la demanda boliviana. Las dos posiciones son fallar directamente sobre la excepción preliminar o fallar conjuntamente sobre los dos fallos”, añadió.
A juicio de Mesa, Chile asume un riesgo muy grande al objetar a la CIJ y respondió más a la presión interna y el lobby político sin tomar en cuenta las razones jurídicas. “Mi impresión es que la solidez de nuestros argumentos nos da la plena impresión que la Corte rechazará la petición de incompetencia”, sentenció.
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