El acuerdo, adoptado por unanimidad, señala que Gabriel deberá desempeñar sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades.
La Permanente ha acogido así el criterio del vocal Juan Manuel Fernández, recogido en un informe en el que recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.
El informe de Fernández, que también es presidente del Foro Justicia y Discapacidad, sostenía que son excepcionales los medios de prueba “que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible” y agregaba que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.