Amnistía Internacional ha acusado a gobiernos de todo el mundo de traicionar sus compromisos de acabar con la tortura, tres décadas después de la adopción por la ONU en 1984 de la innovadora Convención contra la Tortura.
“En todo el mundo hay gobiernos hipócritas ante la tortura: la prohíben en la ley, pero la facilitan en la práctica”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la presentación de Stop Tortura, la última campaña global de la organización para combatir la tortura y otros malos tratos en el mundo moderno.
“La tortura no sólo está viva y goza de buena salud: florece en muchas partes del mundo. El aumento del número de gobiernos que tratan de justificar la tortura so pretexto de la seguridad nacional erosiona los constantes avances logrados en este terreno en los últimos treinta años.”
Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En 2014, la organización observó que al menos 79 de ellos siguen torturando en 2014, más de la mitad de los Estados Parte de la Convención investigados por Amnistía Internacional. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países de todas las regiones del mundo: prácticamente en todos los países sobre los que trabaja. El carácter secreto de esta práctica hace que el número real de países donde es probable que se cometan torturas sea aún mayor.
En algunos de estos países la tortura es habitual y sistemática. En otros, Amnistía Internacional sólo ha documentado casos aislados y excepcionales. La organización considera que incluso un solo caso de tortura o malos tratos es totalmente inaceptable.
La campaña Stop Tortura se inicia con una nueva publicación, La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas, que ofrece una perspectiva general del uso de la tortura en el mundo actual.
El informe detalla diversas técnicas de tortura —desde las posturas en tensión y la privación de sueño hasta la electrocución de los genitales— que se emplean contra presuntos delincuentes, detenidos por motivos de seguridad, voces disidentes, rivales políticos y otros.
Como parte de la campaña, Amnistía Internacional encargó a GlobeScan una encuesta para evaluar las actitudes hacia la tortura en el mundo. Resulta alarmante que, según la encuesta, casi la mitad (el 44%) de los encuestados —de 21 países de todos los continentes— temen la posibilidad de ser torturados si son detenidos en su país.
La inmensa mayoría (el 82%) cree que deberían existir unas leyes claras contra la tortura. Sin embargo, más de un tercio (el 36%) seguía pensando que la tortura podía justificarse en ciertas circunstancias.
“Los resultados de esta nueva encuesta global son sorprendentes, pues casi la mitad de las personas encuestadas tienen miedo y se sienten personalmente vulnerables a la tortura. La inmensa mayoría de la gente cree que deberían existir unas normas claras contra la tortura, aunque más de un tercio sigue pensando que la tortura podría justificarse en ciertas circunstancias. En conjunto, se puede ver un amplio apoyo global de la opinión pública a que se actúe para prevenir la tortura”, afirmó Caroline Holme, directora de GlobeScan.
Medidas como la penalización de la tortura en la legislación nacional, la apertura de los centros de detención a observadores independientes, y la grabación en vídeo de los interrogatorios han llevado a una disminución del uso de la tortura en los países que se toman en serio sus compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.
La lucha global de Amnistía Internacional contra la tortura continúa, aunque ahora se centrará en cinco países donde está generalizada esta práctica y donde la organización cree que puede lograr un impacto significativo. La espina dorsal de la campaña estará formada por informes de fondo con recomendaciones concretas.
La normativa de la UE sobre las herramientas de tortura es el único ejemplo mundial de cooperación jurídica internacional para prohibir el comercio de herramientas utilizadas para infligir tortura y otros malos tratos. Amnistía Internacional está promoviendo el establecimiento de controles similares de las exportaciones, basados en derechos, en otras partes del mundo. En junio de 2005, la UE introdujo controles comerciales vinculantes sin precedentes para una serie de materiales que a menudo se utilizan para aplicar la pena capital e infligir tortura y otros malos tratos (conocidos como “herramientas de tortura”), pero que no se han incluido normalmente en las listas de control de las exportaciones militares, de uso dual o estratégicas de los Estados miembros de la UE.
Casos que relata AI
En México el gobierno alega que la tortura es la excepción y no la norma, pero en realidad, los abusos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes. Miriam López Vargas, de 31 años y madre de cuatro hijos, fue secuestrada de su ciudad natal de Ensenada por unos soldados vestidos de civil que la llevaron a un cuartel militar. Estuvo recluida allí una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarla a confesar su implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia.
La justicia está fuera del alcance de la mayoría de los supervivientes de la tortura de Filipinas. Hace poco se descubrió un centro de detención secreta donde la policía maltrataba a los detenidos “por diversión”. Según los informes, los policías hacían girar una “ruleta de la tortura” para decidir cómo torturaban a los detenidos. Las informaciones de los medios de comunicación desembocaron en una investigación interna y algunos agentes fueron cesados, pero Amnistía Internacional pide una investigación exhaustiva e imparcial que haga que los policías implicados sean juzgados por los tribunales. La mayoría de los actos de tortura cometidos por la policía siguen sin denunciarse y los supervivientes de la tortura continúan sufriendo en silencio.
En lugares como Chile, México o Venezuela es habitual que las fuerzas de seguridad cometan abusos durante las operaciones policiales realizadas en el contexto de manifestaciones. En Brasil, los informes sobre abusos policiales se han incrementado en relación con las protestas celebradas durante el periodo previo a la Copa del Mundo 2014, y también durante operaciones militares en barrios marginales de ciudades grandes como Río de Janeiro.
Las deficiencias de los sistemas de justicia en América contribuyen notablemente a la continuación de la tortura y otras formas de malos tratos y a la arraigada cultura de impunidad en la región.
En Chile, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos como la tortura y otros malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad son competencia del sistema de justicia militar, que podría carecer de independencia e imparcialidad.
Pese a que en algunos países ha habido progresos hacia la justicia, miles de casos de tortura cometidos durante los brutales regímenes militares de las décadas de 1960, 1970 y 1980 continúan impunes.
Las leyes de amnistía de países como El Salvador o Uruguay siguen siendo un obstáculo para la investigación de miles de abusos contra los derechos humanos, aunque los gobiernos aún podrían ordenar investigaciones sobre estos casos basándose en las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.
En Guatemala, el juicio del general Efraín Ríos Montt, ex presidente del país, por su responsabilidad en el homicidio, la tortura, los abusos sexuales y el desplazamiento de 1.771 indígenas ixil maya, cometidos cuando era presidente y comandante en jefe del ejército guatemalteco (1982-1983), fue aplazado el año pasado hasta 2015.
La ausencia de investigaciones efectivas sobre los abusos y violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, sigue siendo también un rasgo distintivo del conflicto armado interno de Colombia, que dura ya 50 años. Todas las partes enfrentadas –las fuerzas de seguridad y los paramilitares, actuando por separado o en connivencia entre ellos, y los grupos guerrilleros– siguen siendo responsables de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, desplazamientos forzosos y violencia sexual.
Venezuela
Juan Manuel Carrasco, de 21 años, fue sometido a abusos brutales nada más ser detenido por la policía durante una protesta en la ciudad venezolana de Valencia el 13 de febrero de 2014.
Según dijo a Amnistía Internacional, los policías obligaron a los detenidos a ponerse en posición fetal sobre las rodillas y luego los golpearon. Uno de los guardias les dijo que no rezaran, porque ni siquiera Dios iba a salvarlos. Les dijeron que aquel era el último día de su vida. Luego, a Juan Manuel le bajaron la ropa interior y le introdujeron algo por detrás.
Fue puesto en libertad tras permanecer recluido tres días. Su caso está siendo investigado por la Fiscalía General.
Desde que, en febrero, comenzaron las protestas en Venezuela, Amnistía Internacional ha recibido decenas de denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el momento de la detención, durante los traslados y durante el periodo de reclusión.
Informe completo de Amnistía Internacional
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