En caso contrario, prosigue el dictamen, “las presentes conclusiones obligan al conjunto de Grupos Parlamentarios a tomar las medidas pertinentes para la devolución de la palabra a la ciudadanía y poner fin a la crítica situación actual”.
Con los mismos apoyos, se ha acordado dar traslado de todas las conclusiones, documentos y grabaciones de la Comisión de Investigación al Ministerio Fiscal, “para su conocimiento, por si pudiera derivarse algún tipo de responsabilidades penales”.
El dictamen, que será elevado al Pleno de la Cámara para su debate y votación (presumiblemente el próximo jueves), incluye sendos votos particulares formulados por UPN y PPN, ambos tendentes a dejar constancia que de los testimonios y pruebas deducidas en el curso de los trabajos de la Comisión “no se ha acreditado corrupción ni ilegalidades ni injerencias”.
UPN Y PPN cuestionan el dictamen
La formación Unión del Pueblo Navarro (UPN), subraya su convicción de que no se ha acreditado la existencia de “corrupción ni ilegalidades” en la Hacienda Foral de Navarra, puesto que “ninguno de los comparecientes ha acusado a la Consejera ni a ningún otro cargo del Ejecutivo de corrupción”.
Es por ello que UPN cree que Lourdes Goicoechea “actuó dentro de la legalidad y conforme a las funciones que tiene atribuidas”, tanto en lo relativo a las devoluciones del IVA más allá de los seis meses, “pues se ajustan plenamente a la Ley”, como en lo tocante a los presuntos “tratos de favor e influencias”, ya que todos los procesos “se han acabado conforme al criterio, procedimiento y resolución de la Hacienda Foral, sin que en ningún caso se haya obstaculizado ningún expediente”.
Finalmente y tras constatar que las actuaciones de la Consejera se “encuadran dentro de su obligación de dirección y tutela” del Departamento, UPN señala que “no se ha podido probar que Goicoechea pidiera a Idoia Nieves una copia del Plan de Inspección, ni que solicitara información de datos sobre Caja Navarra”.
En el mismo sentido, el voto particular del Partido Popular de Navarra (PPN) asegura que “no se ha acreditado corrupción ni injerencias” por parte de Lourdes Goicoechea, cuyas actuaciones consideran “ajustadas a sus competencias” como Consejera de Economía y Hacienda.
No obstante, el PPN entiende que resulta “evidente la falta de rigor y control presupuestario dentro del Gobierno de Navarra”. En ese sentido, censuran la “tardía toma de medidas que, como el retraso en la devolución del IVA, afectan a la liquidez y al tejido empresarial”. A ese respecto, apuntan que “los criterios de control presupuestario, ya sean tendentes al control del gasto o al aumento de los ingresos, deben adoptarse siempre al principio del ejercicio y no al final, como ha sido el caso”.
Una vez debatidas y aprobadas por el Pleno de la Cámara, las conclusiones de la Comisión, que no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas al Gobierno de Navarra.
Los estudios de la Comisión se han centrado, además, en los siguientes apartados:
1.- Las directrices efectuadas por la Presidenta del Gobierno de Navarra para retrasar las devoluciones del IVA incumpliendo los plazos establecidos legalmente y los efectos que ha supuesto sobre la economía navarra.
2.- Las acusaciones formuladas por la ex Directora Gerente de la Hacienda Foral sobre injerencias constantes en grado de tentativa de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo contra la independencia de la Hacienda Foral.
3.- Las acusaciones formuladas por la ex Directora Gerente de la Hacienda Foral en relación a la petición de información personal protegida por la ley por parte de la Consejera y la Presidenta del Gobierno de Navarra.
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