Para Trevín, esta ley “rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato”, ha denunciado.
Trevín ha lamentado el incumplimiento del compromiso del Ministro del Interior a dialogar y buscar acuerdos con el medio centenar de enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. “La propuesta del Gobierno no sólo no ha sido corregida en los aspectos inasumibles para el PSOE, sino que las correcciones se han hecho en sentido diametralmente opuesto”, ha criticado.
En este sentido, ha explicado que los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a la Policía y a la Guardia Civil en calles y espacios públicos, tras el acuerdo alcanzado entre PP y CiU, que amplía el anteproyecto inicial que recogía esta posibilidad para calles peatonales.
Los vigilantes privados también podrán detener, cachear e identificar a los ciudadanos en espacios públicos y podrán encargarse de la seguridad del recinto exterior de las prisiones en detrimento de la Guardia Civil que ejercía estas funciones hasta ahora.
“Las grandes empresas privadas de seguridad están de enhorabuena. Son las principales beneficiadas de esta ley”, ha afirmado el portavoz socialista de Interior. “El Gobierno renuncia con esta ley a seguir concibiendo la seguridad como un derecho para convertirla en un negocio. Quiere convertirla en una mercancía que pueda comprarse o venderse para impulsar definitivamente el principio de los conservadores: que cada uno tenga la seguridad que pueda pagarse”, ha asegurado.
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