José Luis Rodríguez Zapatero no solo se tuvo que ir antes, ya que su impericia para gobernar dejó al país con una herencia maldita y cinco millones de parados, sino que desde las sombras de su gobierno pactó el camino futuro con ETA para permitirles la triste realidad que hoy vive España, según denuncian desde distintos sectores.
El secretario general de la Fundación FAES de España, Javier Zarzalejos, dijo en una declaración que “no puede atribuirse el fallo a una Corte distante y ajena a la tragedia que el terrorismo ha causado en España. En el Tribunal se sienta un magistrado español, (Luis López Guerra,) con trayectoria política y puestos de alta responsabilidad en el Ministerio de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un magistrado que había ya expresado su prejuicio, en el sentido literal del término, en contra de la ‘doctrina Parot’. No puede extrañar que si es el propio magistrado español el que aboga por la nulidad de esa doctrina, los demás le sigan no sólo en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos sino en la interpretación de la legislación nacional. Pero ni la nulidad de la ‘doctrina Parot’ era evidente por sí misma –como ahora muchos pretenden hacer ver– ni faltan en la propia jurisprudencia del Tribunal argumentos para sostener su validez”.
En otro punto Zarzalejos expresó: “la mal llamada “derogación” de la ‘doctrina Parot’ formó parte de la negociación política que el Gobierno anterior emprendió con ETA, bajo la piadosa etiqueta de “proceso de paz”. La casualidad ha querido que el fallo de Estrasburgo haya coincidido con la sentencia de la Audiencia Nacional en el ‘caso Faisán’, en la que el tribunal considera probado el vínculo entre el “chivatazo’ a la red de extorsión de ETA y la negociación que se estaba llevando a cabo. Hubo negociación política, se pusieron encima de la mesa contrapartidas a la organización terrorista que comprometían el Estado de derecho, y entre ellas la ‘doctrina Parot’ adquiría una importancia especial. Si se observan las prisas con las que alguno de los ideólogos de aquella negociación exigen la generalización inmediata del fallo para la excarcelación de los terroristas presuntamente beneficiados por aquél, no es descabellado ver en la sentencia del TEDH la inercia de una operación política protagonizada por Rodríguez Zapatero que en su negociación con ETA asumió que el cese del terrorismo exigía, para empezar, el desmantelamiento de la arquitectura legal con la que ETA estaba siendo derrotada. Que el gobierno del Partido Popular tenga que hacer frente a esta inercia es una herencia indeseable –otra más– pero, en todo caso, una responsabilidad exigente”.
Las pruebas de la infamia y los culpables
Edurne Uriarte, expresa con acierto en su blog de ABC que “el juez Luis López Guerra, el juez español que ha convencido a sus compañeros del TEDH para tumbar la doctrina Parot. Como relató ayer a Antonio Jiménez en El Cascabel al Gato (13tv) Francisco Javier Borrego, el juez español que le antecedió en el TEDH, la influencia de cada juez en los asuntos referidos a su país es enorme. Y como cuenta hoy ABC papel, este juez, secretario de Estado de Justicia con Zapatero, también amparó a Otegi tras haber sido condenado éste por injurias al Rey”.
Uriarte señala además como culpable a “José Luis Rodríguez Zapatero que no sólo negoció con ETA y prometió entre otras cosas a los etarras trabajo de influencia en la Justicia, sino que jugó un papel relevante en la oposición socialista a los numerosos intentos de la derecha española en tiempos de Felipe González para el establecimiento del cumplimiento íntegro de las penas (Lo documentó ayer Isabel Durán, también en El Cascabel al Gato de 13tv)”.
Como se puede ver también suenan huecas las palabras que hoy dice el expresidente español sobre el fallo del desprestigiado Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al decir que la sentencia “causa dolor”, pero que “hay que respetarla”.
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