
El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, inauguró el Foro Internacional de Protección Social, que se realiza en la capital de este país centroamericano y que es organizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En este contexto el jefe de Estado salvadoreño destacó que en América Latina se está gestando un importante proceso en materia de inserción social, donde se coordinan las políticas para la superación de la pobreza y la correcta inclusión de los sectores más vulnerables de la población con el crecimiento económico.
“Este encuentro que hoy nos reúne es una clara señal de que en nuestra región está en marcha un proceso de cambios profundos en esta materia. Ha comenzado a expandirse entre la mayoría de nuestros países la certeza de que la lucha contra la pobreza y la inclusión social no es algo divorciado de la política económica de los gobiernos”, afirmó Funes.
En este sentido el mandatario aseguró que este foro representa un espacio abierto para que las autoridades de la región, analicen y debatan acerca de las distintas experiencias que se están viviendo en América Latina en cuestión de políticas de protección social.
Ante esto Funes destacó la puesta en marcha de una estrategia política – económica diferente en América Latina, que desemboca en medidas más efectivas contra la pobreza y la inserción social, dejando de lado antiguas posturas que aumentaban la brecha entre los diferentes sectores sociales y hacían prevalecer la injusticia.
“Aún quedan intelectuales, tanques de pensamiento, partidos políticos por supuesto y organizaciones empresariales en todos nuestros países que continúan sosteniendo estas viejas recetas ya superadas por la historia y lo peor, que propugnan por un retorno a las mismas”, criticó Funes.
En esta línea el Presidente destacó que en su país se ha abierto una línea de acción, que aboga por el paso a un sistema de protección social constituido por un conjunto de programas que atienden a la población más vulnerable, reconociéndolos como “sujetos de derecho”, considerando en cada persona los derechos humanos y sociales que le asisten y que el Estado debe garantizar.









