Pons: “la Ley de Transparencia es una exigencia de la democracia"

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El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons (Foto:PP)
El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons (Foto:PP)
El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que la Ley de Transparencia “es una exigencia de la democracia española” y supondrá además “el salto cualitativo más importante desde la Constitución de 1978”. “Habrá un antes y un después de la Ley de Transparencia porque va a cambiar la forma de hacer política”, ha asegurado. Además, va a transformar “el paradigma del Derecho público español y, ni el Derecho Constitucional ni el Administrativo van a poderse explicar de otra forma que no sea a través de la transparencia”.
En este sentido, el dirigente nacional ha pedido al Partido Socialista que vuelva a la Ponencia para conseguir “una ley de todos”. “A los españoles les perjudicaría mucho retrasar esta ley por disputas de políticos”, ha recordado. “Los socialistas deberían pensar menos en su interés y más en el interés de los ciudadanos, porque los políticos tenemos que trabajar y no buscar excusas”, ha dicho. “A lo mejor es que se dan cuenta de que el PP va a aprobar la ley, con o sin ellos, y empieza a no interesarles tanta transparencia”, ha afirmado.
“Hemos hecho una ley- ha explicado- que configura la transparencia como una obligación de la Administración Pública y, al mismo tiempo, como un derecho subjetivo de los ciudadanos”. Para Pons, que ha pronunciado una conferencia en los Cursos de Verano que la UCM organiza en El Escorial, la Administración tiene la obligación de ser transparente y los ciudadanos el derecho de conocer todos los documentos elaborados o depositados en la Administración. Se trata por tanto de que, a partir de ahora, nuestro Derecho constitucional y administrativo incluya la transparencia en sus principios generales.
SUJETOS OBLIGADOS A LA TRANSPARENCIA
González Pons ha recordado que “los subjetivamente obligados” a ser transparentes son todas las administraciones públicas españolas y las territoriales, las empresas de capital público, las fundaciones y organismos públicos sometidos a derecho privado. Además, durante el trámite parlamentario han sido incluidas figuras de naturaleza privada o semi -privada que cumplen con una función pública: los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, el Banco de España, la Casa Real…
Por otro lado, ayer se incluyeron también a todas las entidades privadas que reciban como mínimo 100.000 euros de fondos públicos o, que recibiendo menos, la parte de fondos públicos equivalga a un x% de su presupuesto. Según el dirigente nacional, “es una de las leyes de transparencia más ambiciosas de nuestro entorno respecto a los sujetos obligados a ser transparentes”.
PUBLICIDAD PASIVA, ACTIVA Y SUS LÍMITES
El vicesecretario del PP ha añadido que la transparencia consiste en dos pilares básicos: la publicidad activa y la pasiva. La primera es una larga relación, que figura en el proyecto de ley, de lo que todas las administraciones y sujetos obligados tienen que poner en conocimiento de los ciudadanos a través de sus páginas web y que tienen que ver, fundamentalmente, con el dinero público. Figuran así, retribuciones de cargos, gastos de representación, presupuestos, convocatorias de concursos públicos, etc.
Por otro lado, la publicidad pasiva se refiere a toda la información que los ciudadanos pueden pedir además de lo citado, sin más límites que lo que figura en la ley, en los tratados internacionales y la lógica y que tienen que ver con la seguridad y los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos. “Ni el derecho subjetivo ni el derecho a saber son ilimitados”, ha dicho. Pons ha recordado además que la Constitución dice cuáles son los derechos fundamentales y el legislador no puede inventarse otros.
Del mismo modo, el vicesecretario popular ha afirmado que no hay ninguna ley de transparencia en el mundo que contemple el silencio administrativo como algo positivo. Lo contrario otorgaría a quien ha pedido una información de las que no están permitidas por la Ley un derecho incondicional a obtenerla si la Administración no respondiera. Por eso, habrá un recurso ante un organismo que será el que velará porque se cumpla la transparencia o, alternativamente, o al contencioso en los juzgados.