La ley 18987 que bajo el eufemismo de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, legitima la interrupción de la vida de un individuo dentro de las doce semanas de gestación, ha sido fuente de un gran debate, como ocurre en muchos otros países. En un extremo del cual se sitúan quienes argumentan que es un derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo, y obviamente en el otro quienes consideramos que la decisión sobre la vida de un tercero, en este caso indefenso, no admite que prevalezca aquel supuesto derecho de la mujer embarazada.
Nosotros entendemos que esta es una cuestión de Derechos Humanos, nuestro Uruguay, adherido voluntariamente y con plena convicción de su valor como instrumento de protección de DDHH, adhirió a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo primero reza “Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” Y agrega en su artículo séptimo, “Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.
Bastaría la lectura, comprensión y práctica de los principios enunciados, para identificar en todos los impulsos a la legitimación que se pretende en la normativa jurídica interna, en la cultura y en la consideración social, para derribar las justificaciones que se desarrollan a favor del aborto.
Si eso fuera poco, en el Pacto de San José de Costa Rica, otro instrumento regional de señalada importancia, el artículo cuarto titulado “Derecho a la Vida”, en su primer numeral dice “ 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Si fueran pocos los argumentos éticos y morales que nos impulsan a promover la derogación de la “ley de aborto” en Uruguay, respecto de la cual votamos en contra en el Parlamento, los jurídicos que hemos señalado, parte de instrumento internacionales de Derechos Humanos, completan el respaldo a la posición que defendemos de derogar la ley.
Pero el tema no queda allí. Seguramente uno de los argumentos que se utilizan para justificar las intervenciones sobre los embarazos, y para terminar injustamente con la vida del individuo que está en el vientre de su madre, es el de la existencia de decenas de miles de abortos clandestinos, cifra imposible de verificar y que debería motivar a sus impulsores a promover políticas de protección de la maternidad y de la vida en gestación y no caer en el vergonzoso expediente de legitimar abortos.
Hemos presentado una iniciativa legislativa de protección de la maternidad y la vida en gestación en el Parlamento de Uruguay. Nos han acompañado con su firma 40 parlamentarios de distintos partidos y apostamos fuertemente a que se apruebe, para que la protección social se encargue responsablemente de este tema y podamos derribar los argumentos insensibles de los pro abortistas.
Jaime Mario Trobo
Diputado- Uruguay
Opinión
