La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha informado de que la norma pretende “mejorar la seguridad jurídica y acelerar los procedimientos judiciales”. Para ello sigue las directrices del Libro Blanco de la Justicia, que pedía una mayor actividad e implicación de los procuradores en los procesos civiles y equipara sus funciones a las que tienen sus homólogos en el resto de Europa.
Al respecto, Sáenz de Santamaría ha explicado que la norma permite que los procuradores puedan asumir voluntariamente algunas de la labores de actos de comunicación y algunos actos de ejecución en los procesos para agilizarlos.
La vicepresidenta ha destacado que se producen cambios en el proceso verbal y en el juicio monitorio. En el juicio verbal se establece la posibilidad de introducir una contestación por escrito, así como se otorga a las partes la posibilidad de renunciar al trámite de vistas para agilizar el procedimiento.
En el caso de los procesos monitorios, el juez podrá examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato, previa audiencia de las partes.
Opinión
