“La posición que la Corte Constitucional pone en graves dificultades all país en el cumplimiento de los objetivos que son internacionalmente vinculados y en losobjetivos presupuestarios que se deben cumplir”, dice el comunicado, agregando que “para declarar inconstitucionales las disposiciones de los Presupuestos del Estado por violación del principio de igualdad, el Tribunal no tuvo en cuenta el evidente esfuerzo del Gobierno para hacer más equitativa la contribución de todos los ciudadanos, el público y el sector privado, en sustitución de la asignación de derechos de emisión una suspensión en 2012 para los pensionistas y los servidores del Estado”.
El Gobierno respeta la decisión del tribunal, pero advierte que “los portugueses de los efectos negativos que tiene para el país”, “los efectos que están más allá de poner el problema grave de ejecución presupuestaria, a poner en duda la credibilidad del exterior conquistada por el esfuerzo portugués ante nuestros socios y acreedores internacionales “.
La declaración también afirma que “en particular, esta decisión de la Corte se produce en vísperas de una importante reunión en Dublín la próxima semana, para la que Portugal se ha esforzado mucho para conseguir el acuerdo de los socios europeos que es “necesario para extender los vencimientos de los préstamos a la República y esenciales para nuestra salida exitosa en el 2014 en el Programa de Asistencia Económica y Financiera “.
Así, “teniendo en cuenta la complejidad de la situación creada, el Primer Ministro pidió una audiencia con el Presidente de la República, debido a la exigencia de una clarificación rápida de los portugueses de los aspectos relevantes en peligro por la decisión del Tribunal Constitucional”, termina diciendo el comunicado del gobierno luso.
La sentencia del TC
El Tribunal Constitucional de Portugal ha rechazado cuatro medidas de austeridad de los Presupuestos Generales para 2013 y pone al gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho en una delicada situación ya que debe buscar soluciones alternativas ante esta resolución del tribunal, que imposibilita cumplir lo acordado con la Troika a efectos de reducir el déficit público al 5,5%.
Las cuatro medidas de recortes rechazadas por ilegales por el Tribunal Constitucional luso, significaban 1.200 millones de ahorro a las arcas públicas.
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