Por razones de seguridad los emigrantes podrán perder la nacionalidad española

En el anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros, se destaca que el solicitante de la nacionalidad española deberá acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de su integración en la sociedad española para poder adquirirla pero que podrá perderla por razones de seguridad nacional u orden público, cuya resolución dictará el ministerio de Justicia de España.
También serán requisitos a cumplir por el solicitante el juramento o la promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes del Estado. Esto se acreditará mediante un acta notarial.
El artículo 25 indica sobre la pérdida de la nacionalidad española que esta se perderá por “razones imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional” o también cuando se “entre voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero”.
Se mantiene en el articulado que se perderá la nacionalidad si se verifica “una conducta fraudulenta, por falsificación de la información o simulación de las condiciones o requisitos para su obtención”.
El comunicado de la Plataforma de Inmigrantes de Madrid (PIM)
Se ha filtrado a través de la prensa un borrador del anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros, que modifica las condiciones en las que los extranjeros residentes legales obtendrán y perderán la nacionalidad mediante resolución del Ministerio de Justicia.
Señala este texto que los documentos y pruebas aportadas por el solicitante a la nacionalidad española se incorporarán a un “acta notarial”, en la que se hará constar, en todo caso, que el promotor ha superado el examen oficial -cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente- que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del castellano y de integración en la sociedad española. Aquí encontramos la primera falacia, ya que como es sabido, para obtener el permiso inicial de trabajo y residencia esos dos requisitos ya están siendo exigidos a la personas inmigrantes que aplican por arraigo social. Luego para poder aplicar a la nacionalidad aquellas personas de origen eslavo, africano o asiático deben vivir legalmente es España un mínimo de 10 años. Tiempo más que suficiente para tener un dominio del idioma.
Lo más grave de lo que se ha conocido es el artículo 25, que incluye nuevas vías para acordar la pérdida de la nacionalidad española. La que se perderá por “razones imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional” o cuando se “entre voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero”, esto es al parecer con total discrecionalidad del ministerio que encabeza Gallardón, y sin que exista un proceso legal con sentencias en firme.
Con esto se pretende atemorizar a los nacionalizados para que no participen en política o en los movimientos sociales. Se quiere crear una segunda categoría legal de españoles, los con plenos derechos civiles y aquellos que estarán limitados a ejercerlo porque corren el riesgo de que el gobierno de turno lo vea mal y le retire la nacionalidad de manera discrecional.
También este texto, beneficia a los notarios al facultarle realizar el requisito de juramento o promesa de fidelidad al Rey, y obediencia a la Constitución y a las Leyes el que acreditará mediante un acta. Esto previo pago de una tasa que a fecha hoy no se cancela, ya que lo ofician los propios funcionarios de registro civil. Otra medida para hacer caja a costa de los extranjeros.
Finalmente desde la PIM, llamamos a la sociedad y a los organismos competentes a frenar este nuevo intento de coartar los derechos de las personas extranjeras. Señor Rajoy y Gallardón tengan claro que seguiremos denunciando sus atropellos en cada espacio social donde estamos presentes, termina diciendo el comunicado de la la Plataforma de Inmigrantes de Madrid (PIM).