“Estamos orgullos y muy honrados de ser un instrumento no sólo de los médicos, sino de la inmensa mayoría de la sociedad madrileña que quiere paralizar la privatización y, por lo tanto, el desmantelamiento de la sanidad pública”, dijo Gómez, que presentó el recurso junto a los senadores Maru Menéndez, Enrique Cascallana; el secretario general del Grupo Socialista del Senado, José Miguel Camacho, y los portavoces del PSOE de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, y en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire.
La vulneración de los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud), 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social), 149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) son los principales motivos del recurso de inconstitucionalidad que se concretan en el establecimiento mediante la Ley de Acompañamiento de una especie de “apartheid sanitario” en la Comunidad de Madrid para los hospitales citados, para los ciudadanos en función del territorio de residencia, y en la incapacidad del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para la adjudicación de contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en los seis hospitales citados.
El dirigente socialista explicaba que el plan de privatización del PP tiene como objetivo la destrucción y el desmantelamiento del sistema sanitario público, un modelo construido entre todos los españoles. Por eso, “venimos al Constitucional, a defender la sanidad universal, pública y gratuita para todos los ciudadanos”, apuntó Gómez, que insistió en que este recurso representa la defensa que llevan haciendo los profesionales sanitarios, “que quieren lo mejor para los hospitales como los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos”, y como lo quieren la mayoría de los madrileños, concluyó.
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