Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han desarticulado una organización dedicada al tráfico de seres humanos, falsedad documental y estafa. Se estima que la red ha podido introducir en España a más de 300 personas de origen pakistaní, indio o nepalí procedentes de Gran Bretaña y habría defraudado más de un millón de euros a la hacienda pública. Disponían de un entramado ficticio de empresas que utilizaban para proveer documentaciones falsas a los inmigrantes y gestionar altas laborales en la Seguridad Social sin abonar las cuotas. La investigación se ha saldado con la detención de 54 personas.
Más de un año de investigaciones
La investigación policial se inició en el mes de octubre del 2011 tras conocer que una persona residente en Lleida podría estar realizando actividades de tráfico de personas, en su mayoría ciudadanos asiáticos procedentes de Pakistán, India y Nepal, bajo el amparo de varias empresas dedicadas a la intermediación laboral o la provisión de trabajadores a otras empresas.
Como primer resultado operativo de la investigación, se consiguió interceptar una furgoneta en la comarca del Valle de Arán, donde viajaban varias personas extranjeras que estaban siendo trasladadas irregularmente desde Gran Bretaña, vía Francia, hasta nuestro país. En esta actuación fueron detenidos 9 personas de Pakistán, India y Nepal, uno de los cuales, el conductor de la furgoneta, era al parecer el responsable de la organización criminal desarticulada.
A raíz de estas primeras detenciones se realizaron nuevas indagaciones que, entre otras circunstancias, permitieron verificar que se trata de una organización criminal de carácter transnacional y que las personas traficadas provenían basicamente de Gran Bretaña. También se comprobó que percibían determinadas cantidades de dinero por el traslado de los inmigrantes y que confeccionaban documentos falsos o falsificados de varios países de la Unión Europea.
Registro de ocho domicilios
Continuando con las investigaciones, durante el mes de marzo de 2012, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro de ocho domicilios ubicados en la ciudad de Lleida, Penelles, Tornabous y Balaguer y en las oficinas de una empresa. En este dispositivo se detuvo a 14 personas en situación irregular en España.
El análisis de la documentación obtenida en los registros de Lleida permitió detener a otros diez inmigrantes irregulares en San Sebastián (Guipúzcoa) que estaban siendo traficados por la organización. Estos arrestos alertaron a los investigadores acerca de una nueva ruta que pretendían abrir para introducir a de los extranjeras en España.
Finalmente en enero de 2013, se localizó en Lleida a otros 21 inmigrantes irregulares. Asimismo se pudo deteminar con exactitud la ruta utilizada por la organización criminal para el tráfico de seres humanos. El itinerario se iniciaba en el Reino Unido y, tras pasar por Francia, introducían a los inmigrantes irregulares en nuestro país. El traslado se realizaba en vehículos convenientemente modificados con dobles fondos para ocultar las personas.
Se estima que han podido introducir en nuestro país a más de 300 personas de origen pakistaní, indio o nepalí, procedentes de Gran Bretaña. Muchos de ellos habían comenzado los trámites para la regularización administrativa en nuestro país empleando para ello pasaportes fasificados facilitados por la organización.
Un millón defraudado a la Hacienda Pública
Por otro lado, la organización había construido un entramado jurídico que creaba empresas ficticias o sin actividad que permitían dar de alta en los registros de la Tesorería General de la Seguridad a trabajadores extranjeros. Esta compleja red servía para renovar autorizaciones de residencia y trabajo sobre la base de la realización de una actividad que no se ejecutaba en una mercantil falsa. También conseguían prestaciones por desempleo simulando que los inmigrantes habían trabajado un período de tiempo suficiente para tener acceso a dicha ayuda.
Los investigadores estiman que el entramado de empresas generado espuriamente asciende a quince empresas y, asimismo, consideran que más de 400 personas extranjeras podrían haberse beneficiado de este tipo de prestaciones económicas. Finalmente, se podría haber cometido un perjuicio patrimonial para la Administración de cerca de 1.000.000 de euros.
La investigación ha sido realizada por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Lleida conjuntamente con la Guardia Civil de la misma localidad.
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