Brasilia. — La credibilidad del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF) enfrenta momentos críticos tras una serie de enfrentamientos directos entre sus ministros, quienes en cuestión de horas han revocado y anulado decisiones tomadas por sus propios colegas.
El episodio más reciente ocurrió este domingo (11), cuando el inspector general electoral, el ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, revocó la decisión del presidente del Tribunal, Kassio Nunes Marques. Este último había ordenado la suspensión del canal en WhatsApp denominado “Ejército de Lula”, creado para difundir contenidos en apoyo al candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Giros y decisiones contradictorias en el TSE
El caso había comenzado el sábado (10), cuando Vilas Bôas Cueva, relator del proceso, solicitó información complementaria a la campaña presidencial de Lula sin llegar a ordenar la suspensión de la plataforma. La legalidad del grupo ya venía siendo cuestionada por la campaña del candidato Flávio Bolsonaro (PL), que solicitó suspender el canal y revocar el mandato del diputado André Janones (Rede-MG), creador del espacio.
Posteriormente, el ministro Kassio Nunes Marques intervino y accedió a la petición de la campaña de Bolsonaro. Según Nunes Marques, el canal reproducía contenidos previamente clasificados como falsos por el propio tribunal —entre ellos, desinformación sobre la cancelación del programa Bolsa Família, la reducción de pensiones y la supuesta intención de eliminar el título de Nuestra Señora de Aparecida como patrona de Brasil—.
La medida generó una inmediata reacción de Janones, un referente ultralulista en redes sociales, quien calificó el fallo como el inicio de la «censura» en una transmisión en vivo. Pocas horas después, en un nuevo giro institucional, el ministro Vilas Bôas Cueva desautorizó la medida de Nunes Marques y dejó sin efecto la suspensión.
Tensiones cruzadas también en el Supremo Tribunal Federal
Este choque de decisiones en el TSE no es un hecho aislado. Se suma a tensiones previas dentro del STF, como la ocurrida en septiembre de 2026, cuando el magistrado Flávio Dino (amigo de Lula y militante del Partido Comunista de Brasil) anuló una medida adoptada por su colega André Mendonça. La resolución de Mendonça buscaba apartar de sus cargos al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al director de inteligencia, Leandro Almada.
Crece la sospecha de politización en los tribunales
La secuencia de anulaciones y contradicciones en plazos tan breves deja abierto el debate en la opinión pública sobre a quién creerle y cuál es el criterio legal imperante.
Diversos analistas coinciden en que este choque entre magistrados arroja un manto de duda sobre la neutralidad de las instituciones judiciales, proyectando la sensación de que las resoluciones responden a disputas e intereses políticos en lugar de al rigor jurídico.
