La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España ha asestado un duro varapalo a la estrategia electoral del Gobierno de Pedro Sánchez. El alto tribunal ha acordado la suspensión cautelar del derecho al voto y del proceso de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para aquellas personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la controvertida Instrucción de la Ley de Memoria Democrática (conocida como la «ley de nietos») sin haber acreditado de manera directa la condición de exiliados de sus progenitores o abuelos.
La medida cautelar adoptada por el órgano judicial responde de forma directa a los recursos presentados por la acusación popular encabezada por Iustitia Europa y la formación política Vox. Ambas organizaciones alertaron ante el alto tribunal de que las incorporaciones masivas y sin control riguroso al CERA representaban una grave amenaza de alteración del censo electoral, configurando lo que en la práctica se considera un auténtico «pucherazo» promovido desde el Ejecutivo socialista para inclinar la balanza en futuros procesos comiciales.
Claves de la resolución judicial
-
Freno a la manipulación del CERA: El alto tribunal actúa con urgencia para frenar el riesgo de distorsión en el cuerpo electoral exterior, evitando que miles de votos sin validación estricta de exilio alteren los resultados democráticos.
-
Requisitos explícitos de exilio: La Sala Tercera dictamina que el ejercicio del sufragio desde el extranjero quedará bloqueado para quienes no hayan demostrado fehacientemente que sus ascendientes sufrieron exilio efectivo.
-
Fuerte revés al Gobierno: La resolución pone bajo lupa las facilidades de nacionalización masiva impulsadas bajo el paraguas normativo del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
