BUENOS AIRES.— Las condiciones del régimen de prisión domiciliaria que cumple la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedaron bajo la órbita judicial tras una investigación periodística revelada por el diario La Nación. El informe dio a conocer que María Soledad Calle —referente de la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)— adquirió la propiedad ubicada en el primer piso del edificio de la calle San José 1111, exactamente debajo del departamento de la exmandataria.
Una transacción bajo sospecha
De acuerdo con lo documentado por el matutino porteño, la compraventa del inmueble se cerró el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después de que el Tribunal Oral Federal N° 2 le otorgara el beneficio del arresto domiciliario a la expresidenta.
Durante las tratativas previas a la operación, Calle fundamentó que la propiedad sería destinada a funcionar como sede de una fundación. Sin embargo, fuentes vinculadas al caso citadas en el informe de La Nación ponen en duda dicha versión y sostienen la hipótesis de que el espacio podría ser utilizado para la realización de encuentros políticos.
La maniobra respondería a un vacío en los controles: mientras que Fernández de Kirchner enfrenta severas restricciones para recibir visitas en su condición de reclusa, los ocupantes e invitados de otros pisos del edificio transitan sin requerir autorización judicial ni presentar impedimentos legales.
El video de ICN TV
Las fallas en el rastreo por tobillera electrónica
La investigación periodística de La Nación puso en evidencia además un punto ciego en el sistema de supervisión estatal:
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Geolocalización perimetral: El dispositivo de monitoreo (GPS) asociado a la tobillera electrónica mide el radio exterior del edificio. Emite una señal de alerta únicamente cuando la persona traspasa los límites hacia la vía pública.
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Sin distinción de desplazamientos internos: La tecnología actual no cuenta con la precisión para detectar movimientos verticales dentro de la estructura edilicia. El sistema no permite discriminar si la expresidenta se encuentra en su departamento, en la terraza —sector al que cuenta con permiso de circulación— o en otro piso del inmueble.
“Los movimientos dentro del edificio, si los hubo, no se informaban porque hay una autorización para ir a la terraza”, detalló una fuente judicial consultada durante la pesquisa de La Nación.
Requerimiento judicial
A raíz del impacto de la investigación publicada por el diario porteño, las autoridades judiciales competentes ordenaron de inmediato la apertura de un expediente de verificación. El tribunal solicitó un informe pormenorizado a los organismos responsables del monitoreo de reclusos para revisar los registros de frecuencia y determinar si existieron irregularidades o desplazamientos no autorizados dentro del complejo residencial.
