En un giro decisivo dentro de una de las causas de mayor impacto político e institucional en Argentina, la jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a dirigentes sindicales, legisladores y otras 30 personas.
Todos están imputados por haberse beneficiado de un esquema de privilegio durante la pandemia de COVID-19, bajo las gestiones del entonces presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según consta en la investigación judicial, los involucrados se vacunaron primero e ilegalmente con dosis de la Sputnik V que correspondían al pueblo argentino y a quienes estaban directamente expuestos al coronavirus —como el personal de salud y los grupos de mayor riesgo—, en momentos de extrema escasez de vacunas a nivel mundial y sin ningún criterio sanitario que justificara su prioridad.
La lista completa de los citados a indagatoria
El dictamen del fiscal interviniente concluyó que los elementos de prueba reunidos configuran el “estado de sospecha” exigido por el Código Procesal Penal. Entre las más de 30 personas convocadas a prestar declaración figuran:
-
Poder político y legislativo: El expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el diputado y excanciller Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto.
-
Periodistas: Horacio Verbitsky —cuya confesión radial destapó públicamente el caso— y el periodista Gabriel Michi.
-
Empresarios y entorno mediático: El empresario Seza Manukian (de Mar del Plata); el titular del diario La Capital de Mar del Plata, Florencio Aldrey, junto a sus familiares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey y Dolores Noya Aldrey; y Félix Eulogio Guille (padre de Marcelo Guille, integrante de la Secretaría Privada del Ministerio de Salud).
-
Familiares y funcionarios del entorno oficial:
-
María Eva Duhalde y Juliana Duhalde (hijas del expresidente).
-
Marcelo Jorge Duhalde (hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde, exsecretario de Derechos Humanos).
-
Filomena Marta Burgos (esposa de Hugo Curto).
-
Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini).
-
Esteban Collazo (fotógrafo presidencial perteneciente a la “burbuja sanitaria” de Alberto Fernández).
-
Jorge Héctor “Topo” Devoto (publicista y dirigente kirchnerista).
-
-
Otros ciudadanos citados: Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda y María de los Ángeles Domínguez.
La imputación legal: Partícipes necesarios de peculado de bienes
La Fiscalía atribuye a todos los vacunados el rol de partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, una figura penal contemplada en el Código Penal que prevé penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
El peculado sanciona al funcionario público que se apropia, utiliza indebidamente o desvía para sí o para terceros bienes, fondos o servicios del Estado que están bajo su control, administración o custodia por razón de su cargo.
Para la Justicia, el acceso a estas dosis fuera de todo protocolo formal no solo representó una violación a la normativa sanitaria vigente, sino una maniobra ilícita mediante la cual bienes estratégicos del Estado —destinados a proteger la vida de los ciudadanos más vulnerables y de los trabajadores esenciales— fueron desviados en favor de un grupo selecto de allegados al poder.
