La tensión política y social en Bolivia ha alcanzado un punto crítico. El expresidente Evo Morales advirtió públicamente que un intento de captura en su contra desatará una ola de violencia violenta en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.
“Va a correr sangre”, sentenció el líder cocalero durante una transmisión radial, enviando un mensaje directo al gobierno de Luis Arce ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad ingresen a la región del Chapare para ejecutar una orden de aprehensión.
Declarado en rebeldía por graves cargos
La situación jurídica de Morales se complicó definitivamente luego de que el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija lo declarara en rebeldía. La medida fue tomada tras la inasistencia del exmandatario a un juicio oral en el que está imputado por presunta trata de personas y estupro agravado.
La investigación penal se centra en la supuesta relación que Morales habría mantenido con una menor de edad durante los años en que ejercía la presidencia de Bolivia.
El Chapare como escudo humano
Refugiado en la región cocalera, Morales ha reiterado que no tiene intenciones de entregarse a la justicia, argumentando que los cargos forman parte de una persecución política. Para garantizar su protección, sus bases sindicales se encuentran en estado de movilización permanente.
Los sectores leales al expresidente han cercado la zona y advierten que resistirán con tácticas de confrontación directa cualquier operativo policial o militar.
Bloqueos de carreteras: Crisis y asfixia social
La amenaza de enfrentamientos se suma a un escenario ya desgastado por semanas de protestas. Sectores afines al “evismo” mantienen bloqueadas las principales rutas del país, una medida que justifican bajo el reclamo de mejoras económicas y judiciales, pero que analistas interpretan como una estrategia de presión política.
Analistas políticos locales coinciden en que los bloqueos reflejan una postura intransigente por parte de Morales, señalando que al líder cocalero parece no importarle el sufrimiento de la población civil con tal de forzar una negociación política que limpie su historial judicial y le permita pavimentar su retorno al poder.
