La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a poner bajo los reflectores la situación jurídica del expresidente peruano Pedro Castillo, al reiterar su postura a favor de su liberación. Esta insistencia ha reavivado el debate sobre la comprensión —o el rechazo deliberado— de los hechos que llevaron a la destitución y posterior encarcelamiento del exmandatario en diciembre de 2022.
La realidad jurídica en Perú: Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva tras haber anunciado en televisión nacional la disolución del Congreso y la intervención del sistema judicial, un acto tipificado como rebelión y quebrantamiento del orden constitucional (comúnmente llamado “autogolpe”).
Lo que la narrativa oficial omite
A pesar de que el intento de disolver el Congreso fue un evento público y televisado, la administración mexicana parece omitir el protocolo constitucional peruano. En Perú, el Congreso procedió con la vacancia por incapacidad moral de manera inmediata tras el anuncio de Castillo, contando incluso con el rechazo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al quiebre democrático.
“No se trata de una interpretación política, sino de un hecho flagrante: Castillo intentó gobernar por decreto fuera de la Constitución”, señalan analistas internacionales ante la insistencia de la mandataria mexicana.
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la situación de Pedro Castillo no es solo un error diplomático; es una claudicación de los valores democráticos básicos. Al exigir la libertad de un hombre que, en cadena nacional, intentó disolver el Congreso y capturar el Poder Judicial, la mandataria mexicana envía un mensaje alarmante: la lealtad ideológica está por encima de la legalidad constitucional.
El “olvido” de los hechos
Para entender la dureza de esta crítica, hay que recordar lo que Sheinbaum parece omitir deliberadamente:
El acto: Pedro Castillo no fue depuesto por un “golpe blando”; él ejecutó un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre de 2022.
La evidencia: No existen interpretaciones; existe un video donde el exmandatario ordena instaurar un “gobierno de excepción” y un toque de queda ilegal.
La respuesta: Fue el propio sistema democrático peruano —incluyendo a su propio partido y sus ministros— el que le dio la espalda ante el atropello a las leyes.
Una democracia “A la Carta”
Resulta paradójico que un gobierno que se dice defensor de la soberanía popular ignore la Constitución de un país vecino. Al pedir la libertad de Castillo, Sheinbaum no está defendiendo a un oprimido, está validando el autoritarismo siempre y cuando provenga de un aliado político.
Defender a quien intentó cerrar el Parlamento es, por definición, una postura antidemocrática. Si un líder opositor en México intentara hacer lo mismo, el discurso oficial sería el de “traición a la patria”. ¿Por qué en Perú es “persecución”?
El riesgo del precedente
Esta postura debilita la autoridad moral de México en el exterior. Al no reconocer que la democracia implica límites al poder ejecutivo, la presidenta Sheinbaum:
Desconoce la división de poderes, pilar fundamental de cualquier república.
Fomenta la impunidad para líderes que, al verse acorralados por investigaciones de corrupción o falta de apoyo, optan por la vía del autoritarismo.
Aísla a México de las naciones que respetan el orden institucional y el debido proceso.
En conclusión, no entender que Pedro Castillo está preso por sus propias acciones y no por una conspiración, explican analistas, revela una preocupante carencia de rigor democrático en la actual administración mexicana. La democracia no es solo ganar elecciones; es, sobre todo, respetar las reglas del juego cuando se está en el poder.
