Lo que comenzó como un encuentro furtivo en la madrugada de Barajas parece haberse transformado en una alianza diplomática abierta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso definitivo en su relación con el régimen de facto de Venezuela: el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que solicitará formalmente a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez.
Del “Delcygate” a la rehabilitación política
La relación entre el Ejecutivo español y la vicepresidenta venezolana ha estado marcada por la polémica desde aquel episodio en el que Rodríguez aterrizó en suelo español a pesar de tener estrictamente prohibida la entrada en el espacio Schengen. Aquel incidente, que el Gobierno intentó minimizar durante meses, se lee hoy como el preludio de la estrategia actual.
Ahora, Moncloa ya no oculta su sintonía. El pretexto para rehabilitar la figura de Rodríguez es la reciente aprobación, por parte de la Asamblea Nacional venezolana, de una ley de amnistía para presos políticos. Sin embargo, diversos analistas y sectores de la oposición subrayan dos realidades que el Gobierno parece omitir:
Imposición externa: Lejos de ser una muestra de benevolencia de Delcy Rodríguez o un gesto soberano del chavismo, la amnistía se percibe como una concesión forzada por las condiciones impuestas desde la administración de Donald Trump y la presión de los EE. UU.
El papel de Albares: El ministro español ha sido el encargado de poner voz a esta petición en Bruselas, argumentando un cambio de escenario en Venezuela que muchos tildan de “espejismo” o puro cinismo político.
Un giro criticado por la oposición
Para los críticos de Sánchez, este movimiento no es más que la confirmación de una hoja de ruta compartida con el chavismo. Mientras la UE ha mantenido una postura de firmeza ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, España se posiciona ahora como el principal valedor de la cúpula chavista en el continente europeo.
“El cinismo del Gobierno no tiene límites: pretenden vender como un gesto democrático lo que es una imposición de Washington, todo para blanquear a una figura que no debería haber pisado nuestro aeropuerto”, señalan voces críticas en el Congreso.
