El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra tres funcionarios del Gobierno de Chile, a quienes acusa de haber participado en actividades que afectaron la seguridad regional. La medida contempla restricciones de visado y la revocación de cualquier permiso vigente para ingresar a territorio estadounidense, tanto para los involucrados como para sus familiares directos.
En una declaración pública, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que los funcionarios “dirigieron, autorizaron, financiaron o brindaron apoyo sustancial” a acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y, a juicio de Washington, erosionaron la seguridad en el hemisferio occidental.
Rubio afirmó que la decisión se enmarca en la política de su país de “contrarrestar los intentos por socavar la seguridad regional y la soberanía”, subrayando que la administración del presidente Donald Trump continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para proteger los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos en la región.
Además del anuncio de sanciones, el secretario de Estado lanzó un cuestionamiento político directo al Ejecutivo chileno. Señaló que, hacia el cierre de su mandato, el legado del presidente Gabriel Boric quedará “empañado” por acciones que —según la posición estadounidense— habrían afectado la estabilidad regional y, en última término, perjudicado al propio pueblo chileno.
El comunicado también anticipa la intención de Washington de avanzar en prioridades compartidas con una eventual nueva administración encabezada por Kast, con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad hemisférica.
Hasta el momento, el Gobierno de Chile no ha emitido una respuesta pública detallando su posición frente a las acusaciones ni respecto de la identidad de los funcionarios sancionados.
