Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instaron a que la propuesta de ley de amnistía presentada en Venezuela limite de manera estricta su alcance a las personas que hayan sido objeto de enjuiciamientos arbitrarios y otras violaciones de derechos fundamentales, excluyendo de forma expresa a quienes estén acusados de graves vulneraciones, incluidos crímenes de lesa humanidad.
El pronunciamiento se produce tras la presentación ante la Asamblea Nacional de Venezuela del proyecto de ley de amnistía, reconciliación y reunificación nacional, cuyo contenido fue hecho público el 6 de febrero de 2026. Según los relatores, la iniciativa podría representar un paso decisivo para las víctimas, sus familias y la sociedad venezolana en su conjunto, siempre que su aplicación se ajuste a los estándares internacionales.
En su evaluación, los expertos subrayaron que la norma debe excluir explícitamente a actores estatales, grupos paramilitares y otros responsables no estatales señalados por violaciones graves de derechos humanos. “El alcance de la ley debe limitarse a las víctimas y no puede convertirse en un mecanismo de impunidad”, señalaron.
Asimismo, advirtieron que las personas forzadas al exilio por motivos de persecución no deberían verse obligadas a regresar al país hasta que exista claridad jurídica sobre si sus casos quedan efectivamente cubiertos por la amnistía.
El texto, añadieron, debe reconocer de manera inequívoca a todas las personas detenidas o procesadas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de libertades fundamentales como la expresión, la opinión, la reunión, la asociación y el acceso a la información, incluyendo a defensores de derechos humanos.
Los relatores también destacaron la necesidad de que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil participen en la supervisión del proceso de implementación. Esta vigilancia, indicaron, es esencial para asegurar que la ley no sea utilizada con fines políticos ni aplicada de forma indebida, y que cumpla con las obligaciones internacionales del Estado.
En el comunicado se enfatiza que la amnistía debe integrarse en un marco más amplio de justicia transicional. Dicho proceso, precisaron, debe contemplar la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas y la reparación por violaciones cometidas durante décadas, así como reformas institucionales y legales orientadas a desmontar las estructuras que facilitaron la persecución de la disidencia y a prevenir su repetición.
Finalmente, los expertos reiteraron su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en el país, incluidos defensores de derechos humanos, y a la clarificación del destino y paradero de quienes permanecen desaparecidos. Los relatores confirmaron que han mantenido contacto con las autoridades venezolanas en relación con este asunto.
