CARACAS – En una maniobra calificada por analistas y defensores de derechos humanos como un “engaño institucional”, la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el chavismo sancionó una polémica Ley de Amnistía. Lejos de buscar una reconciliación nacional o la liberación genuina de los presos políticos, el texto legal ha sido denunciado como una herramienta cosmética para intentar lavar la imagen del sistema judicial ante la comunidad internacional.
El Artículo 7: La trampa de la sumisión
Uno de los puntos más críticos del documento es el Artículo 7, el cual exige que los perseguidos políticos se presenten voluntariamente ante la justicia oficialista. Según expertos, esta cláusula condiciona cualquier medida de gracia a la sumisión absoluta del perseguido, obligándolo a validar a las mismas instituciones que han sido señaladas de secuestro institucional y parcialidad política.
“El documento no busca justicia, sino el reconocimiento forzado de un sistema viciado”, señalan reportes de La Patilla.
Impunidad para los victimarios
La estructura de la ley ha sido señalada por invertir perversamente los roles de los involucrados en la crisis venezolana:
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Criminalización de las víctimas: El articulado vuelve a señalar a quienes han padecido abusos del Estado, obligándolos a aceptar una culpa inexistente para optar al beneficio.
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Manto de impunidad: El texto permite al régimen perdonar a su conveniencia, garantizando que los verdaderos responsables de la represión queden exentos de cualquier responsabilidad legal.
Una estrategia de supervivencia política
En lugar de ofrecer una solución real a la crisis de derechos humanos, este entramado legal parece diseñado para garantizar la supervivencia de la estructura de persecución chavista. Al “maquillar” las arbitrariedades del sistema, el oficialismo intenta proyectar una falsa apertura democrática mientras mantiene intactos los mecanismos de control social y judicial.
La norma aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.
